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Nos oponemos a la ley impulsada por el senador Lisandro Enrico y otros legisladores porque el tema de seguridad se basa en la improvisación y la demagogia. Este proyecto es inconstitucional porque se viola el principio de inocencia, no puede haber sanción sin condena previa. Esta norma que algunos legisladores, demagógicamente, sostienen "la pide la gente", no cumple de ninguna manera el fin que sus promotores declaman. Más bien, parecen avalar los dichos del intendente de Villa Gobernador Gálvez, quien impúdicamente sostiene que hay que matar a 20 o 30, supliendo el homicidio por el encarcelamiento preventivo.

Esta norma no sirve para prevenir. Si hablamos de encarcelar a alguien es porque el delito se cometió y el daño que la sociedad no quiere sufrir, ya ocurrió. No es ejemplificadora. Quien esté dispuesto a cometer un delito no va a dejar de hacerlo porque las normas sean duras.

Quienes cometen delito no son un grupo estanco, como para que pensemos, inocentemente, que encarcelándolos a todos se acabara el delito.

En marzo de 2012, la cantidad de personas privadas de libertad era de 4330. En marzo de este año la cantidad de detenidos ascendió a 4800, manteniéndose en 2700 quienes se encuentran en la esfera del Servicio Penitenciario y ascendiendo a 2100 quienes se encuentran en la órbita Policial. O sea de un 37% de población privada de libertad en dependencias policiales hoy pasamos a un 43%.

La mayor cantidad de detenidos sin condena también implica demoras en los ya lentos y engorrosos procesos judiciales, en cuanto corresponde a los jueces a cargo resolver todas las cuestiones relativas al encierro.

No existe infraestructura capaz de alojar dignamente a tal cantidad de detenidos. No solo ello, las 500 personas más, en que se incrementó la población privada de libertad, no mereció nuevas estructuras, se las hacinó en los lugares existentes.

Tomando los datos de personas privadas de libertad en el Servicio Penitenciario, en 2001, había en cárceles 2176 detenidos a razón de 72 cada 100.000 habitantes de la provincia. El 2012 culminó, con 2644, lo cual implica 82 personas por cada 100.000 habitantes.

La sola posibilidad que una persona inocente tenga que padecer las degradantes condiciones de detención que se viven en esta provincia ameritan que limitemos las causales de prisión preventiva. La libertad durante un proceso penal no significa impunidad.

* Integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.