Respecto a la vacancia operada a partir del deceso de la Diputada Silvia De Césaris, y el consecuente cumplimiento de la garantía de cupo femenino que debe materializarse en la integración del órgano, merece una reflexión. Las relaciones asimétricas entre varones y mujeres han generado que estas últimas ocupen espacios domésticos en tanto los hombres espacios públicos. En la actualidad no pueden subsistir mecanismos que vulneren la participación de la mujer en la vida política.

Sin dudas, las mujeres han demostrado a lo largo de años su capacidad para ocupar espacios públicos en todos los órdenes, académicos, institucionales, y también partidarios brindando su visión en la construcción de una sociedad con mayor democracia.

En un primer momento se luchó por el derecho al voto, para luego ser candidatas: no solo ser representadas sino representar. Actualmente la lucha gira en torno al respeto de la participación igualitaria con cumplimiento de los mínimos legales estipulados.

La Argentina en el año 1991 sanciona la ley de cupo femenino, que garantiza que en la conformación de listas se debe tener como mínimo el 30 % de mujeres al momento de su oficialización. La Provincia de Santa Fe regula que dicho piso debe ser del 33,3%. El caso novedoso se daba por el hecho que no se trataba de una minoría, sino por el contrario la mujer tenía una proporción similar o mayor de electores que los varones. Sin embargo en la vida de los partidos políticos, no se les daba cabida y se las relegaba a puestos lejanos en las listas, y con menores o nulas posibilidades de lograr un cargo electivo en una votación.

Ha acaecido en el ámbito de la Legislatura de la provincia de Santa Fe el lamentable fallecimiento de la diputada De Césaris. A partir de ello, entendemos la correspondencia de la banca a la primer mujer en el orden de suplencias, ya que una interpretación formalista del hecho implica una restricción de las garantías constitucionales y del derecho internacional en lo que respecta a la representación femenina. La realidad indica que una decisión contraria implicaría la presencia reducida de las mujeres en la toma de decisiones legislativas, y por ende de la voluntad popular.

Por ello, el INADI -como entidad estatal que tutela los derechos de la igualdad de género- celebrará el hecho de que la Cámara de Diputados, en consonancia con la normativa de cupo femenino, y las garantías de participación igualitaria consagradas en la Carta Magna, respete la equidad de género en la integración del órgano. La coyuntura requiere acciones positivas que tutelen las máximas de no discriminación y por ende de conquista social de sectores históricamente postergados del ámbito público.

Asimismo, este Instituto entiende que los legisladores deberán plasmar normativamente estos sucesos ya que la participación de las mujeres en el ámbito público y en la política tiene una significación trascendente para el desarrollo de la ciudadanía y la democracia.

*Delegada del INADI.