OPINIóN
› Por Leandro Bussato
El 2 de octubre de 2013, el Consejo de la Magistratura santafesina publicó que para cubrir el cargo de Juez Penal de Primera Instancia, resultó primero en el orden de mérito en Rosario el doctor Fausto Yrure. El letrado es conocido por haber asumido la defensa penal de Carlos "Chino" Fleitas y Cesar Raúl Marchetti, imputados en el asesinato del adolescente hincha de Newell's, Walter Cáceres. Luego junto a Carlos Varela, Yrure defendió a quienes se acusa de formar parte de la banda de Los Monos.
Tanto el abogado Enrique Sirio como Yrure son convocados por el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial santafesino para dar cursos de especialización en derecho procesal penal. El pliego de Yrure no ha llegado todavía a la Legislatura, quizás por la advertencia a Bonfatti sobre el escándalo institucional que implicaría tratar de designar como juez penal a quien defiende a organizaciones delictivas y narcos.
No se trata de realizar observaciones técnicas, jurídicas o de antecedentes académicos sobre los profesionales mencionados, pero desde el punto de vista de la ética, la responsabilidad institucional y el perfil democrático que aspiramos para nuestros magistrados, nos parece gravísimo que el Consejo de la Magistratura considere y coloque en posición de ser funcionarios que impartan justicia a quienes tienen o han tenido vinculación con el Terrorismo de Estado o el narcotráfico, mucho más aún cuando esta en juego la seguridad del gobernador, que a juzgar por sus designaciones y los pliego enviados, pareciera atentar contra su propia seguridad.
Diputado provincial del Frente para la Victoria.
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