¿Y ahora qué pasa, eh?. Quizás sea esa pregunta -que Los Violadores popularizaron a mediados de la década de los '80 en la voz del inefable Piltrafa-, la más frecuentemente enunciada en la calles rosarinas durante los últimos días. La llegada de dos mil gendarmes, prefectos y policías federales al comando del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para efectivizar más de ochenta allanamientos ordenados por la Justicia Federal orientados a desbaratar puntos de ventas de estupefacientes, y luego instalarse en la ciudad por un lapso de tiempo finito pero indeterminado; además de generar una lógica incertidumbre, abre -y en esto coincidimos con el gobernador Antonio Bonfatti- "un antes y un después" en la historia reciente de una ciudad transida por el crecimiento exponencial de la violencia y fundamentalmente, de la muerte joven.

Lamentablemente, el "antes" incluyó una serie de ataques del gobierno provincial (en boca de funcionarios propios o por interpósita persona, vía operaciones plasmadas en empresas mediáticas afines a la gestión), cuyo blanco fueron los funcionarios judiciales que condujeron las investigaciones que a la postre desbarataron parte de la trama territorial tejida por el narcomenudeo, y que -hecho más importante y trascendente aún- comandaron las pesquisas que lograron desarticular algunas de las bandas que la alimentaban. Hablamos, claro está, del fiscal Juan Murray y del doctor Félix Crous (titular de la Procunar), que -junto a otros fiscales federales- recolectaron evidencia suficiente para lograr la captura y el posterior procesamiento conforme a derecho de "peces gordos" como el ex Jefe de la Policía de Santa Fe, Comisario Hugo Tognoli (junto a algunos de sus subordinados), de Ascaíni, Orozco, Zacarías y Quevedo, entre otros.

Una gestión provincial temerosa de que las eventuales derivaciones institucionales de aquellas investigaciones pudieran salpicarla, denunció primero una ofensiva del Estado federal para desacreditar el "modelo Santa Fe", para luego -ante evidencia empírica inocultable- reconocer la existencia de un problema, que sintetizó (mal) en la doctrina de la "manzana podrida": Bastaba con separar a algunos agentes infieles de la policía santafesina, y san se acabó. Esa lectura no sólo no se tradujo en acciones que la validaran operativamente (en la medida que, por ejemplo, el sucesor de Tognoli fue Sola, que -doctora Ana Viglione mediante- se designó a agentes cuestionados en el área de delitos complejos del Ministerio de Seguridad, o que se protegió a la cabeza de la escandalosa División Judiciales de requisitorias de la Justicia Federal y Provincial), sino que además obturó el debate sobre la necesidad de una reforma real y profunda de la policía santafesina.

Sumado a ello, el Ejecutivo provincial alentó, celebró y usufructuó mediáticamente una causa judicial que se propuso la desfederalización de facto del combate al narcomenudeo, estrategia peligrosa que el tiempo dirá hasta dónde fue funcional con la pandilla delictiva conocida como "Los Monos", y con sus mediáticos abogados defensores. Paradójicamente, aquellos que advirtieron tempranamente el error fueron tenazmente impugnados por los operadores mediáticos del Frente Progresista, y duramente difamados por sus operadores de calle (aún quedan algunas pintadas que rezan "Murray y Ganón socios de los Cantero").

Además de la consecución de investigaciones federales que permitan seguir desmontando de arriba hacia abajo las estructuras narcocriminales, incluyendo sus redes de lavado de activos, el "después" de la nueva etapa que se abre deberá incluir políticas activas de prevención social del delito, que permitan disputar la hegemonía que en determinadas barriadas. Este terreno ofrece, y exige, infinitas posibilidades de intervención directa y conjunta del gobierno nacional, el provincial y el municipal. En este sentido, los anuncios del nuevo titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, han generado expectativas en quienes creemos fervientemente, más que en la "saturación policial", en la saturación estatal con políticas sociales, laborales, educativas, y firme protagonismo de las organizaciones populares.

El "después" merece asimismo que todos los sectores que participamos de la vida política santafesina explicitemos qué entendemos por "reforma policial". Mientras en nuestra provincia se siga incumpliendo con la Ley 12.521 del año 2006 (que disponía la participación civil en el proceso de ascensos policiales), se siga dejando en manos de la misma fuerza la investigación de los ilícitos de sus miembros, se vacíe la Secretaría de Control de Seguridad, y se siga dejando en manos de divisiones policiales de dudosa reputación el rol de auxiliar del Poder Judicial para investigar los delitos complejos, estaremos lejos de cualquier atisbo de reforma policial integral.

*Diputado provincial del Movimiento Evita