El megaoperativo federal desplegado en Rosario produjo sensaciones encontradas. Primero entre los vecinos, la mayoría de los cuales lo recibió con alivio y hasta cierto grado de entusiasmo, sin diferenciar siquiera si la presencia de esas tropas estaba para combatir el delito complejo o el arrebato cotidiano. Otro sector ciudadano, quizás más politizado o crítico, alcanzó a visualizarlo como un montaje, un escenario prefabricado para generar una sensación positiva en la gente. Y la verdad es que ninguno se equivocó demasiado. Los dos objetivos de semejante despliegue tienen que ver exactamente con eso: hacer retroceder al delito en general y mostrar una presencia de las fuerzas del Estado para la recuperación del territorio. Por eso el secretario de Seguridad Sergio Berni se encargó en todo momento de moderar las expectativas en cuanto a los resultados concretos relacionados con la cantidad de droga incautada y el número y peligrosidad de las personas detenidas.

Pero también hay un mensaje no explícito a las fuerzas policiales de la provincia: su situación de desmadre ha llegado a un punto que es sencillamente intolerable para los dirigentes y para la sociedad en su conjunto. Es notorio, por ejemplo, cómo la población ha dejado de utilizar la muletilla de pedir multiplicar la presencia de la policía. Porque empezó a comprender que más uniformados provinciales no le garantizaban absolutamente nada. Porque cuando no son parte de las economías delictuales, son ineficientes, con lo que la fuerza ha llegado al tope de su desprestigio histórico en el territorio.

Entre la dirigencia política, el desembarco de verdes y marrones, como habitualmente se los llama a los gendarmes y a los prefectos, también dividió las aguas. Para la oposición en Santa Fe es una clara demostración de que el Estado nacional tuvo que intervenir ante la impericia y la impotencia del gobierno provincial. Y por eso hablan de una virtual "intervención". Es más, sostienen que en los trámites administrativos que hubo que hacer para la llegada de las fuerzas, se menciona la palabra "intervención" aunque a pedido del Estado provincial. Para el gobierno de Antonio Bonfatti, la Nación por fin comprendió algo que los socialistas venían repitiendo desde el inicio: el narcotráfico no es un problema exclusivo de Rosario y Santa Fe, sino que es un delito complejo federal que requiere de la intervención de las fuerzas nacionales en su conjunto.

Para las posiciones más críticas como las del fiscal federal Juan Murray, la provincia no sólo fue ineficaz en el combate a la proliferación del narcomenudeo en el territorio sino que nombró a un jefe de policía que aún está detenido por su complicidad con narcotraficantes del sur provincial. Y además acusa al gobierno santafesino de pretender desfederalizar de hecho en la justicia a un delito que tiene otra competencia con las consecuencias negativas que esto acarreó. Y dirige sus dardos más punzantes a la actuación del juez Juan Carlos Vienna en la instrucción de la causa Los Monos en la que, según Murray, cometió todo tipo de irregularidades que amenazan con desestabilizar todo el andamiaje probatorio contra los 36 procesados. Y además acusa directamente al magistrado provincial de haberle ocultado a la justicia federal las escuchas que procesó la cuestionada División Judiciales de la policía santafesina.

La provincia se defiende diciendo que Murray y la justicia federal en su conjunto se concentraron demasiado en establecer la complicidad de un jefe policial nombrado por Hermes Binner para provocar un daño político al gobierno del Frente Progresista y que ni siquiera había avanzado en la investigación de una banda violenta y en crecimiento exponencial como la de Los Monos. Que Santa Fe tuvo que crear una ingeniería jurídica para ir tras el narcotráfico a través de los homicidios derivados de la narcocriminalidad, porque la justicia federal estaba totalmente inactiva ante semejante espiral de violencia en la ciudad de Rosario.

Desde la Nación enumeran con orgullo su caza de "peces gordos" que la provincia ni llegó a divisar: un ex jefe de policía como Hugo Tognoli encarcelado, el proceso contra Ascaíni y Orozco, el desbaratamiento de una de las "cocinas" de cocaína más grandes del país, como la que tenía Delfín Zacarías en Funes. El golpe letal a la banda de la llamada Reina Quevedo, en la que también está procesado el ex policía acusado de tramar por teléfono un atentado contra el juez Vienna y el fiscal Guillermo Camporini.

La provincia dispara a su vez contra la justicia federal que ni siquiera abrió un solo proceso contra el empresario Luis Medina, que intentó montar la disco Esperanto en la ciudad y que era profundamente sospechado de actividades vinculadas a la venta de droga a gran escala. La provincia fue responsable de dos acciones sumamente cuestionables: un intento de allanamiento ilegal de parte de personal de la brigada Judiciales, y la manipulación de parte de funcionarios políticos de la computadora personal del hombre asesinado a balazos en el Acceso Sur.

Toda esta novela, parece mentira, insumió poco más de un año y medio. Ese es el período en el que realmente se empezó a hablar de combate contra el narcotráfico como política de Estado. Todos, la Nación y la provincia están, evidentemente, en pañales en la materia.

La lucha conjunta que se ha encarado es, sin duda, una buena noticia. Pero las tensiones no van a desaparecer mágicamente. El tema se ha mezclado en la política y será meneado en las tenidas de campaña de cara a los comicios de 2015. No hay que asustarse con las discusiones pero sí hay que advertir el devenir de los resultados que generen las políticas públicas. El combate abierto contra la droga y las bandas violentas dejan más muertos que el mismo flagelo del narcotráfico. Colombia y México en otras escalas son una prueba viviente del costo que tienen las "guerras" abiertas.

Gendarmería y Prefectura son destacamentos móviles que toman el territorio nacional como distrito único. No van a quedarse para siempre en Rosario, por lo que el gobierno y todos los actores políticos con responsabilidad van a tener que encarar de la manera más honesta y efectiva posible, la reforma de la policía. El gobierno insiste con su línea argumental de que los policías "no crecen en las macetas" y de que "no hay soluciones mágicas", es cierto. Pero también debe admitir que las transformaciones planeadas están llevando más tiempo del que se había creído y muchas veces las urgencias de la coyuntura amenazan con comerse los planes de un solo bocado.

Ni la Nación ni la Provincia mienten en sus miradas divergentes sobre el tema. Sí ponen el acento en cuestiones más o menos convenientes para el analista que las expone. Como casi siempre, la verdad posible y la receta para la solución razonable está a mitad de camino entre lo que se dice de un lado y del otro.

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