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Las tropas federales llevan varios días instaladas en Rosario y nadie puede negar ya la tranquilidad que trajeron a una ciudad que parecía desquiciada por la violencia. Sin embargo, la altísima tasa de homicidios siguió creciendo a ritmo sostenido y no pasa una semana en la que no haya una resolución violenta de algún conflicto no necesariamente vinculado al delito o concretamente a la narcocriminalidad. Es claro que la ocupación del territorio, se haga con la cantidad de tropas con que se haga, no puede prevenir reacciones particulares y mucho menos aquellas que están desprendidas de una investigación policial o judicial. Asesinatos pasionales, revancha entre vecinos, disputas familiares, se han multiplicado en los últimos días pasando claramente la cifra de un asesinato por día en Rosario.

Por lo bajo, hay funcionarios de la provincia que insisten en que la alta tasa de homicidios de Rosario se debe a que aquí hay un sinceramiento de las cifras, a diferencia de lo que sucede en otros distritos. No parece ser un argumento muy sólido para seguir sosteniendo. En cambio sí cobra cada vez más sentido aquella premisa del Procurador de la Corte Jorge Barraguirre que en una de sus indicaciones a los fiscales provinciales fue muy claro en poner el acento en las investigaciones alrededor del origen y circulación de las armas de fuego.

Adquirir un arma por la vía legal es una tarea titánica, sin embargo hay vastos sectores civiles armados en la ciudad que explican la cantidad de muertos y heridos por armas de fuego en los últimos meses. Tampoco ha sido suficientemente explicada la alta tasa de "pérdida" o "extravío" de armas policiales durante los últimos tiempos. Sobre todo cuando hubo uniformados procesados porque intentaron vender una ametralladora FMK3 en unos 30 mil pesos, para tener una idea de precios en el mercado negro. En ese aspecto se prometió un más amplio control de parte del Ministerio de Seguridad sobre los depósitos policiales, pero no hubo más precisiones al respecto. Tampoco se aclaró demasiado la falta de informes al Renar de parte de las armas incautadas en la provincia, como lo obliga una ley nacional. El diputado provincial Eduardo Toniolli aguarda una respuesta del Ejecutivo en esa materia concreta.

¿De dónde salen la cantidad de 9 milímetros cuyos casquillos se secuestran en cada una de las acciones? No sólo en las balaceras entre grupos narco, sino también en la emboscada con un muerto y cinco heridos en el camping de Camioneros en Pérez hace pocos días, para poner un ejemplo. Y también en hechos como las "salideras" o "entraderas" que se registraron en las últimas semanas con muertos y heridos con proyectiles 9 milímetros y en algunos casos, con balas revestidas con teflón. Totalmente desautorizadas aún para el uso de los uniformados, por el daño que causan y porque llegan a perforar algunos chalecos antibalas. ¿Cómo es posible que no haya investigaciones contundentes al respecto?

Está visto que en los operativos de entrega voluntaria de armas a cambio de dinero que dispuso la Nación y a los que adhirió la provincia de Santa Fe, siempre se encontraron viejas escopetas o antiguos revólveres de calibre 22 o 32 a lo sumo. Nunca nadie se presentó allí a entregar una automática 9 milímetros o un calibre grueso como el 38 o incluso la vieja 45 que usaba la policía décadas atrás. Sin embargo, estas situaciones parecen no llamar la atención de nadie y difícilmente se puedan solucionar con más tropas federales en el territorio.

Otro informe de salud municipal, sumamente ilustrativo, determinó que la mayor parte de los muertos por armas de fuego en los últimos meses, ya habían sido atendidos anteriormente en algún hospital público con heridas de armas de fuego. Lo que está indicando territorios sumamente violentos y no necesariamente en el mundo del delito común o el narcotráfico.

Agenda política.

No habrá manera de que el combate al narcotráfico y la inseguridad no determinen la agenda de campaña para los próximos comicios de 2015. Una encuesta reciente -con más de mil casos en la provincia- determina que un 77 por ciento de los consultados señala como principal déficit provincial las políticas públicas de seguridad. Muy atrás vienen la salud, la educación y la obra pública en Santa Fe.

El candidato que decida omitir el tema estará hablando para un electorado ficticio. No es nueva la preocupación social sobre la problemática, pero sí su impacto en la agenda oficial que hasta ahora lidiaba con más o menos delitos o sensaciones vinculadas a la inseguridad. Ahora habrá que demostrar algunos resultados desde los oficialismos, y los opositores tendrán que ser muy creíbles a la hora de señalar que podrían hacerlo mejor que sus adversarios.

En este marco, el desembarco de Gendarmería y Prefectura en Rosario difícilmente será capitalizado por la administración provincial que por un lado expresa su satisfacción por la pacificación del territorio; pero por el otro lado sabe muy bien que la lectura que sigue a eso es la visualización del salvavidas enorme que les arrojó un gobierno nacional al que Hermes Binner sigue vapuleando sin ningún miramiento cada vez que puede. A esta altura, más que diferenciarlo como candidato opositor, el escenario lo está colocando en un terreno difícil: fue a contramano de lo que opinó la gente del megaoperativo federal y siguió complicando la gestión de Antonio Bonfatti en su entendimiento institucional con la Nación. Por eso al secretario Sergio Berni no le queda otra que jugar el mismo juego: elogiar al gobernador y demoler al diputado nacional.

Otra cuestión que desnudó el megaoperativo fue la situación en la que se encontraba objetivamente la policía provincial, más allá de su corrupción estructural y rotura ostensible de la cadena de mandos. Ahora que está Gendarmería y Prefectura en Rosario, un grupo de diputados nacionales y provinciales están pidiendo que se normalice la situación de los efectivos policiales en las distintas localidades. Recién ahora se conoció que había localidades como Casilda, Cañada de Gómez y muchas otras que quedaban totalmente desguarnecidas porque sus efectivos eran concentrados casi en su totalidad en Rosario en los últimos meses en un despliegue a todas luces inútil porque los resultados siguieron sin aparecer.

Rosario y su área metropolitana quizás merezcan -en proporción- el mismo despliegue federal que tiene el conurbano bonaerense de manera permanente. Pero esta situación no eximirá a la provincia de mejorar sus estrategias y políticas públicas de seguridad, que siguen siendo la exigencias que tienen Daniel Scioli y hasta algunos intendentes bonaerenses. Quizás sea el momento también de empezar a entender que ninguna confabulación siniestra pesa sobre Rosario y la provincia. Sino más bien un análisis pormenorizado de las acciones utilizadas para intervenir sobre la cruda realidad.

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