OPINIóN
› Por María Inés Jasienovicz *
"Vamos a tener líneas específicas para este tipo de casos; pero no rompen la Ley de Gravedad", expresó irónicamente un fuerte banquero después de firmar su adhesión -junto a otros 13 bancos- a la operatoria impulsada por el Gobierno Nacional para facilitar el acceso de los inquilinos a una vivienda propia, combinándolo con una promoción impositiva a la construcción de viviendas con esos fines.
Es cierto, la Ley de Gravedad es y será siempre inquebrantable; sin embargo los pájaros, globos, aviones, aerostáticos, cohetes y misiles vuelan. Entonces la calidad política gira acerca del modo de superarla: con globos o con misiles.
También es una ley natural de este sistema productivo en el cual aún se encuentra inmerso el mundo entero, la de que la desocupación deprime el salario de los ocupados. Justamente por ese motivo fue que la política nacional de la década pasada se basó en producir desempleo e inestabilidad laboral que, además de afectar primordialmente a la población joven, lesionó a la institución familiar, al desarrollo infantil y a la garantía constitucional de acceso a la vivienda digna, entendida ésta como amparo del núcleo vital de todo ser humano. Fue así que casi retrocedimos a la ley natural de la selva y el desierto; en ella es la violencia la forma instintiva de sobrevivir; acción negativa contraria a la ley divina que nos manda a ser dignos señores de nuestra Tierra.
Deberíamos poner toda nuestra inteligencia social a resolver entre alquileres, créditos, hipotecas, garantías, consorcios, administradores, ejecuciones y desalojos una política pública integral de Estado que garantice a todos un hábitat básico, accesible y estable, a partir del cual cada uno pueda desarrollar sus aspiraciones particulares, y sin obstruir un flujo económico saludable.
Para ello será necesario abordar infinidad de aspectos y normativas, tanto de fondo como de formas, procedimientos y promociones que requerirán un amplio consenso social , incluso respecto de la carga en la afectación e inversión de recursos. El dilema está dado porque el mercado inmobiliario es el más sensible a los vaivenes del ciclo económico, siendo el que menor intervención pública sufre; contrariamente a lo que ocurre con los salarios. Por ejemplo: frente a las pretensiones de amparo a la vivienda única ante los remates, ya las inmobiliarias y financieras prefieren garantías laborales de empleo público, lo que complica la accesibilidad al alquiler y al crédito en general.
Hoy es difícil creer que quien apenas puede alquilar, logre alcanzar un crédito para adquirir una propiedad sin un subsidio a la tasa. Pero podemos ser optimistas en que esta propuesta del gobierno logre responder a parte de la demanda de sectores medios, esperando que a su vez ayudase a bajar la demanda de alquileres y por lo tanto el precio de plaza de los mismos. Sin embargo permanecemos en el oportunismo coyuntural. Se debería tratar de salir de allí.
* Concejal del Partido Socialista
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