Al conmemorarse este 24 de marzo de 2016, 40 años del golpe cívico militar que interrumpió el proceso democrático iniciado el 11 de marzo de 1973, el CEIDH manifiesta:

1. Que la política de Memoria, Verdad y Justicia implementadas, hasta el 10 de diciembre de 2015 por los poderes del estado nacional, producto de largos años de lucha desarrolladas por las víctimas del terrorismo de estado y los organismos de derechos humanos que los nuclean y que ha sido incorporada por la mayoría del pueblo argentino, se encuentra en serio peligro desde la asunción del nuevo gobierno encabezado por el ingeniero Mauricio Macri.
2. Pese a las afirmaciones ambiguas que emitió el presidente y sus funcionarios frente a la brutal editorial publicada por el diario La Nación el 23/11/2015 titulado "No más venganza", tratando de imponer la impunidad (ver pronunciamiento del CEIDH en Rosario/12 del 25/11/2015), los hechos concretos están demostrando que el gobierno nacional no sólo no comparte la referida política de Memoria, Verdad y Justicia sino que, por el contrario, apunta a desmontarla.
3. En efecto, no alcanza con decir "el poder judicial es independiente" y que los juicios seguirán su curso, sino que, tal como se demostró durante los últimos años, el Poder Ejecutivo debe otorgar todo el apoyo necesario para poder desarrollar tales procesos.
4. Como lo han planteado los Organismos de DDHH en su reunión con el presidente, es fundamental que el Poder Ejecutivo a través de diversas agencias continúe impulsando estos procesos, como por ejemplo, es decisivo que se sostenga la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos en los juicios en curso, con especial énfasis en los juicios que se desarrollan en las provincias, que se continúe acompañando a víctimas y testigos, a través del "Centro Ulloa" y del "Programa de Protección" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que el Poder Ejecutivo Nacional facilite el acceso a la información en manos de distintos organismos públicos y realice relevamientos sistemáticos de archivos y legajos, que se garantice la preservación del acervo documental del Archivo Nacional de la Memoria y su accesibilidad para la Justicia, los organismos de derechos humanos y la sociedad en general, entre otros.
5. Si no se garantiza esta participación activa del Poder Ejecutivo, los juicios contra los represores languidecerán y las acciones contra los responsables civiles y eclesiásticos, serán una tarea imposible.
6. En igual sentido, a fin de evitar la impunidad, se debe proseguir con la búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio, así como también la búsqueda e identificación de los cuerpos de los miles de desaparecidos, la preservación de los sitios y espacios de memoria, la búsqueda de prófugos, etc.
7. El accionar del Poder Ejecutivo desmantelando o vaciando muchas de las áreas mencionadas, así como declaraciones del propio presidente, que como candidato se había manifestado en forma despectiva hacia la política de DDHH, y de otros funcionarios, crean serios interrogantes sobre sus intenciones respecto de esta materia.
8. Por el contrario, las políticas que va adoptando el nuevo gobierno en materia económica y social, que en tres meses ha generado miles de despidos, represión, criminalización de la protesta, modificación de la legislación por DNU, entre ella designación en comisión de miembros de la CSJN o el vaciamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, encienden una luz alarma sobre la vigencia de los DDHH en Argentina.
9. Por todo lo sintéticamente expuesto hasta aquí, el CEIDH hace un llamamiento al Gobierno Nacional a sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, además, garantizar la plena vigencia de los DDHH en el país, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos y la jurisprudencia emanada por Tribunales Internacionales y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

*Del Centro de Estudios e Investigaciones en DDHH "Dr. Juan C. Gardella". Facultad de Derecho. UNR.