Desde un inicio decidí no integrar dicha comisión, ante lo que considero un error conceptual y un desequilibrio de poderes, a partir de la inclusión en un debate que debiera desarrollarse en el seno del Poder Legislativo, de otros Poderes del Estado, y de funcionarios, ex funcionarios y dirigentes partidarios oficialistas, que han tenido un alto nivel de responsabilidad, en el estado actual de las cosas, en la Justicia Santafesina.

En su momento señalé que desde lo conceptual, y como ya lo han afirmado numerosos constitucionalistas, no creo que le competa a la Corte Suprema de Justicia, ni al Poder Judicial, participar de la redacción de las leyes, ni de la discusión sobre la situación de la justicia, y por otro lado y en términos políticos, difícilmente el oficialismo provincial, que es responsable principal de la actual situación de precariedad y atraso institucional por el que atraviesa la provincia, vaya a ser el encargado de liderar las soluciones y propuestas que se necesitan.

La sola designación del Vicepresidente del Partido Justicialista Angel Baltuzzi, como representante del Poder Ejecutivo en la Comisión de Reforma Judicial, coordinando debates de naturaleza jurídico legislativa, genera dudas sobre el espíritu de transparencia e independencia de intereses partidarios, que el gobierno provincial dice pretender darle a este debate.

Las desafortunadas apreciaciones descalificatorias del ministro Roberto Rosúa, para con una decisión adoptada por la organización que nuclea a los Abogados de Rosario, a la que él mismo pertenece, habla de alguien que ha decidido abandonar en este último tramo de su carrera política, toda prudencia, y actúa como un militante partidario, y no como un Ministro de Gobierno Provincial.

Nuestra constitución señala claramente que la tarea de legislar sobre la materia judicial es de los legisladores, y no de los militantes partidarios o de los integrantes del Poder Judicial, por valorables que sean sus aportes. Desconocer esta situación, implica desconocer los equilibrios de poderes necesarios para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Los antecedentes del oficialismo, para limitar la independencia del Poder Judicial, y su escasa voluntad para actualizar las normas que determinan la posibilidad de actuación judicial, y transparentar la designación de magistrados, no colaboran con la seriedad que el debate merece. El último papelón, a partir del cuestionamiento de la Corte Suprema de Justicia Nacional, en el caso Fraticelli, habla de ello.