Los cortes de rutas y accesos a los centros urbanos han sido muchas veces, la única forma de llamar la atención de un Estado incapacitado, que tras una década de reconversión neoliberal, alabada por los mismos que hoy piden mano dura, aún no puede cumplir sus roles, y garantizar los derechos de sus ciudadanos, y sobre todo de sus niños.

Resulta paradójico observar, como los mismos que piden la intervención del Estado para evitar lo que consideran anarquía social, previniendo la venganza privada, y garantizando la libre circulación, no admiten la intervención del Estado en la economía. Se evitaría con una más justa redistribución del ingreso, la precariedad en la que se encuentran muchas de estas familias excluidas, situación que en la enorme mayoría de los casos, determinó o justificó su comportamiento y sus reclamos. Subyace por lo tanto, en el debate sobre el modo de abordar el problema, un alto componente ideológico.

Muchas amas de casa desdentadas, angustiadas entre el humo de las gomas quemadas y el paisaje desolador de sus humildes casas destruidas, no pueden ser tratadas con tanta ligereza de conspiradoras, aún admitiendo algún intento de manipulación, de los falsos apóstoles del bien común.

La protesta social de los más pobres, en esta Argentina profundamente desigual, está asociada a un grito desesperado por reclamar todo aquel derecho que el Estado aún no asume para con ellos, y que el mercado les conculcó. Un Estado que a partir de la oprobiosa década del noventa, pretendió cambiar la categoría de ciudadanos por la de consumidores, y reemplazó el concepto de derecho, por el de privilegio y prebenda.

Más allá de la destacable actuación del Gobierno Municipal, y de algunos gestos en la crisis del Gobierno Provincial, no obedece a la casualidad, que algunos reclamos hacia el Estado, pidiendo directivas salvajes para disuadir y reprimir un reclamo social, no contengan ninguna mención de interés y compromiso, acerca de las privaciones de esos niños y de sus familias, que protestan.

Frente a la comprobación alarmante de la subsistencia de la pobreza en nuestra ciudad, algunos eligen perseguir a sus víctimas, en lugar de reclamarle al Estado Provincial, su deserción presupuestaria para con los pobres de Rosario, que solo recibirán en 2007, dentro del presupuesto social provincial, uno de cada tres pesos que se inviertan en Santa Fe, en el mismo concepto.

La solidaridad y la comprensión para con los más desprotegidos, debiera anteceder el reclamo individual, de los que tenemos trabajo y vivienda, si es que aún pensamos, que un país desigual, no es el lugar donde queremos

vivir.

* Diputado provincial de Encuentro