OPINIóN
› Por Nire Roldán*
Los gobiernos Nacional y Provincial discriminan, en su afán de cooptación, a los Municipios opositores, ahogándolos financiera y económicamente, perjudicando directamente a los ciudadanos. En el caso del aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, aún teniendo los medios para impedirlo, no hacen nada al respecto. En referencia directa al al gobierno nacional, éste subsidia en un promedio de 7.500 pesos por unidad al sistema en la Capital Federal, y en Rosario no alcanza a los 2.500 o 3.000 por unidad promedio. El gobierno provincial, por su parte, hace gala del superávit fiscal, pero parece que los rosarinos no pertenecen a la provincia de Santa Fe. Miran graciosamente hacia otro lado cuando es necesario que acudan en apoyo de los usuarios del transporte que deberán soportar casi inevitablemente un aumento de la tarifa en poco tiempo más.
Por esos argumentos, nuestro bloque no votó la delegación de facultades que solicitó el intendente Miguel Lifschitz para aumentar el boleto en el transporte de Rosario. Porque, si bien entendemos que los costos operativos del sistema se han modificado sensiblemente, no deben ser los usuarios, a través de la tarifa, quienes carguen con los incrementos.
Hemos acompañado al intendente cuando se reunió con el Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime a los efectos de gestionar que el Estado Nacional conjuntamente con el gobierno provincial y municipal garantice una política de subsidios y compensaciones que permitan sostener el costo del servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, tal como viene sucediendo para la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, y así impedir que los aumentos operativos del mismo se trasladen a la tarifa que paga el usuario.
Lo volveríamos a hacer con toda fuerza y seguridad; y sería propicio que los concejales justicialistas, que tampoco quieren el aumento, también acompañen a los rosarinos y realicen gestiones verdaderas ante los ejecutivos que los representan, demostrando que no se trata solamente de un juego político, en el cual el mayor costo lo terminará pagando, seguramente, el intendente.
* Presidente del Bloque de concejales del ARI.
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