La política de precios del gobierno respecto del trigo, he merecido esta semana fuertes críticas de parte de los sectores interesados y hasta tuvo repercusión en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese ámbito, precisamente, la diputada santafesina Alicia Tate (UCR) presentó un proyecto de resolución en el que señala que el Estado debe impedir la transferencia de recursos y la apropiación de renta ajena por parte de los exportadores. Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) indicó que "la búsqueda de estabilidad de precios (para la harina en el mercado interno) es razonable, pero no puede afectar a los pequeños y medianos productores de trigo", dijo la entidad en un comunicado. Lo que se propone es que el gobierno subsidie el volumen destinado al consumo interno y ejerza un efectivo control a los exportadores, de manera que garantice precios justos a los productores trigueros.

"Los productores trigueros no pueden ser la variable de ajuste", dice la Federación Agraria y explica que "ante la actual situación del precio de trigo, es preocupante la indefinición oficial en cuanto a las medidas tendientes a otorgar un marco de previsibilidad a la vez que expresa que los pequeños y medianos productores trigueros no pueden ser la variable de ajuste en la lucha antiinflacionaria". En ese sentido, Federación Agraria considera que "la improvisación no debe regir la política productiva". Y por ese motivo, la entidad federada señala que "comprende el esfuerzo que realiza la Secretaría de Comercio y la SAGPyA en la búsqueda de la estabilidad de precios pero no acepta que sean los pequeños y medianos productores de trigo los que se vean afectados. La situación que atraviesa el sector triguero deja a la luz que sigue siendo el mercado el único ordenador de la actividad productiva. Es evidente la falta de políticas estructurales de mediano y largo plazo y la necesidad de una planificación triguera que garantice el consumo interno y el cumplimiento de los compromisos externos, lo cual solo será posible con instrumentos apropiados para la producción y el ordenamiento de los precios".

Por su parte, la diputada Tate señaló que lo que se debe buscar es que "el Estado proteja eficazmente al productor ﷓quién podría recibir el equivalente al valor internacional por tonelada, como subsidio﷓ e impida la transferencia de recursos y la apropiación de renta ajena por parte de los exportadores". Y aseguró que "lo que queremos es garantizar un espacio de rentabilidad y competitividad para asegurar un verdadero estimulo a las decisiones de siembra del próximo ciclo agrícola que permita incrementar tanto producción como la productividad del mismo", afirmó la legisladora nacional. Y propuso que "en caso de ser necesario y a los efectos de evitar incrementos en los precios de la harina y los alimentos derivados que componen la canasta familiar, el Estado subsidie la compra del trigo para abastecer la molienda con destino al mercado interno".