UNIVERSIDAD › APUNTES SOBRE LA RELACIóN ENTRE EL ESTADO Y EL SINDICALISMO ARGENTINO.
Ante una nueva conmemoración del día de los trabajadores, la directora de la Escuela de Ciencia Política de la UNR, Gabriela Benetti, desanda la compleja trama que envuelve al movimiento obrero argentino desde su génesis.
› Por Diego Angel Beccani
En el imaginario social parece dominar la idea de que el movimiento obrero tuvo su origen en la época peronista. Pero esa idea es errada: lo cierto es que hay que remontarse a mediados del siglo XIX para encontrar los primeros signos de vida del cooperativismo. En ese período, Argentina se incorporó a la división internacional del trabajo como país proveedor de materias primas, generando crecientes oportunidades laborales en las ciudades. De esta manera, "en la zonas urbanas se consolidó una capa de trabajadores, de origen mayoritariamente inmigratorio que luego se convertiría en la base social de las primeras organizaciones de trabajadores: en primer término se conforman como entidades mutuales y posteriormente se transforman en verdaderas organizaciones de resistencia", explica Gabriela Benetti, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y autora de una tesis doctoral que aborda el estudio de la relación entre el Estado y el sindicalismo argentino durante el gobierno menemista.
La profesora de la UNR hace hincapié en el marco en que se gestó el movimiento obrero. En las últimas décadas de ese siglo, puntualiza, la sociedad crecía a pasos agigantados pero de manera desordenada, en un contexto en el que había evidentes síntomas de malestar social, especialmente entre los trabajadores, quienes eran sometidos a largas jornadas de trabajo. Salarios magros, falta de estabilidad, frecuentes accidentes laborales y precarias condiciones de vida eran moneda corriente en aquella época, lo que conjugaba un cóctel de irritabilidad.
El clima de malestar entre los sectores trabajadores era inocultable. Ni siquiera bajo el ánimo festivo por el Primer Centenario de la Revolución de Mayo en 1910 se logró disimular el descontento social. Ante esta situación, afirma la politóloga, las clases dirigentes respondieron con medidas represivas tales como persecución, cárcel, expulsión vía Ley de Residencia y de Defensa Social, pero también integradoras como el proyecto de Código de Trabajo en 1904 y la creación del Departamento Nacional del Trabajo en 1907". "En la mirada de la elite se combinó tanto la hostilidad como el temor al extranjero, considerando al inmigrante como un desagradecido y revoltoso", describe.
Impulsados por el fastidio generalizado y sumidos en un clima de zozobra, "las 'izquierdas' logran arraigarse en el mundo obrero: anarquistas, socialistas y, más tarde, sindicalistas revolucionarios difunden sus ideas de transformación social en periódicos y conferencias, dando forma y contenido a distintas clases de protesta y organización a través de sindicatos y federaciones", ahonda Benetti, en alusión a los primeros inmigrantes europeos que trajeron consigo la semilla del movimiento que pronto daría sus frutos en todo el país.
Para la académica, el sindicalismo en Argentina goza de la particularidad de haber tenido lugar en un diseño de país que se mostraba generoso y abierto de parte de una élite ilustrada, imbuida de valores liberales, conjugando aspectos institucionales del modelo europeo y del norteamericano, pero que al mismo tiempo era reticente a ceder cuotas de poder y control de lo público. "Se trataba de una clase dirigente con conductas fuertemente conservadoras", sostiene Benetti.
Décadas más tarde, con la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943 se produce un quiebre en la relación entre el Estado y el movimiento obrero. Según la investigadora de la UNR, ese cambio no encuentra respuesta en "la originalidad de las políticas" que llevó adelante Perón sino "en el nivel de institucionalización que les dio: se sancionan derechos vinculados a la condición laboral como la estabilidad, el salario mínimo, las vacaciones pagas y la jubilación, al tiempo que se institucionaliza la negociación colectiva".
Otro aspecto que no hay que pasar por alto, advierte, gira en torno "al cambio que se produce en las prioridades del modelo de industrialización sustitutiva" que se venía desarrollando desde mediados de los años treinta. "Mientras en la etapa previa se priorizaba la ganancia capitalista", bajo la impronta peronista "se puso el acento en un modelo de integración por el trabajo que supuso priorizar el mercado interno a través de políticas de redistribución y pleno empleo", subraya Benetti, para quien ese conjunto de medidas "consolidó las condiciones materiales para la emergencia de una ciudadanía social en armonía con los objetivos económicos".
El movimiento sindical argentino cuenta con una singularidad poco replicable. En otros países, estos colectivos de trabajadores se constituyeron como una herramienta de reclamo a la clase política y a los sectores patronales. En Argentina, por su parte, se erigió "una estructura sindical fuertemente centralizada y subordinada al Estado" con un diseño institucional que le asignó "un gran poder a las cúpulas gremiales sobre los sindicatos locales" y les otorgó "una invalorable fuente de recursos económicos" junto al manejo de las arcas de las obras sociales.
"Los sindicalistas, entre quienes predominaba la idea de evitar cuestionamientos a la propiedad privada de los medios de producción, aceptaron el rol regulador del Estado en el marco de un nuevo arreglo institucional ventajoso para sus intereses, ya que a través de ese arreglo el Estado prácticamente gestionaba los intereses de clase del sindicalismo mediante sus políticas", subraya Benetti.
De este modo, una vez consolidado el modelo gremial impulsado por Perón, el papel asignado al movimiento sindical se perfiló a incorporar a la clase trabajadora al Estado. "En un principio la relación fue de reciprocidad, pero con el tiempo esto se tradujo en una suerte de "estatalización" del accionar sindical que fue perdiendo progresivamente niveles de autonomía, lo que tuvo efectos adversos para el desarrollo posterior de los trabajadores y sus organizaciones, dado que limitó su desarrollo, circunstancia que se evidenció a partir del derrocamiento del Perón en 1955", concluye.
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