Distintas voces de la comunidad de Funes se expresaron para que a dos adolescentes de 17 años, que están en situación de conflicto con la ley penal, se les restrinja el acceso a la ciudad con el fundamento de que la seguridad de la población se ve amenazada. También la Municipalidad intervino con una carta dirigida a la jueza de Menores de la 1ª Circunscripción que actúa en suplencia en la 2ª, María del Carmen Mussa. Por ese medio la secretaria de Gobierno Verónica Patricia Rippa expresó su "inquietud" y "preocupación" como funcionaria porque son varios los vecinos que plantean "la inseguridad que estos menores generan en la comunidad" y que se renueva ante la posibilidad de salida transitoria de uno de ellos por la fiesta de Navidad. El caso de los mellizos MK y DK son una muestra de cómo en las comunidades pequeñas las reacciones se expresan de manera más frontal pero no son distintas de las que ocurren en algunas zonas de las grandes ciudades donde la expulsión se mira como la solución a un problema.

Sin duda el de los chicos M. y D. es un tema muy complejo para el que se piden soluciones simplistas y casi mecánicas: que no ingresen, ni vivan ni circulen por un lugar, como si de esa forma el conflicto y el fracaso institucional y social por contenerlos no existieran. A la vez resulta extraño que desde el nivel formal de un gobierno se recurra al eufemismo de mostrar la preocupación ante chicos conflictivos y agresivos, a quienes es 'mejor mantener lejos', y no hay reclamos hacia la falta de políticas públicas que intervengan en la problemática de quienes son los seguros clientes del sistema carcelario. Otra presentación de una familia solicita que sus parientes también se vayan de Funes.

Verónica Rippa es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Funes y pocos días atrás remitió una nota y mantuvo una reunión con la jueza María del Carmen Mussa para explicarle la situación de inquietud y preocupación que existe en la ciudad con respecto a los hermanos K., mellizos de 17 años, que según se expresa al tomar los dichos de los propios vecinos "asolaban" el lugar con hurtos y robos sobre viviendas y bienes. Ya el año pasado el intendente Juvenal Rímini se presentó ante el fuero de Menores, y según expresó Rippa, el municipio se ofreció a hacerse cargo del tratamiento que necesitan los jóvenes. Luego cuando se tuvo la información acerca que ambos serían llevados a la granja Nazareth, en Cañada de Gómez, se le otorgó un subsidio a la madre de ambos para que pudiera solventar las consultas previas. Pero esa instancia tampoco sirvió de contención.

Uno de los jóvenes, D., estaba prófugo y fue detenido días atrás pero cuando se tuvo la idea que M., quien estaba desde hace tiempo en el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR), podía obtener la libertad, se renovaron las expresiones pidiendo que no ingrese a Funes o bien, como en el caso de la Municipalidad, dando a conocer la "intranquilidad" que provocaba la posible presencia del adolescente entre personas de la ciudad. Ante dos chicos de 17 años una parte de una comunidad y su gobierno se mueven con el convencimiento que no se puede hacer nada, casi como si las actitudes y comportamientos de M.K. y D.K fueran genéticas y con seguridad las mantendrán a lo largo de sus vidas.

El abogado Rodrigo Martínez Pintado que patrocina a una familia a cuya vivienda ingresó M.K. y según dijo el profesional agredió a una de sus integrantes, pidió a la jueza Mussa protección para ese grupo. Martínez Pintado expresó que el pedido fue el que "esta gente -la familia de los chicos- dejara el lugar o se le impidiera a M. el ingreso para proteger la seguridad del grupo familiar"... "Además la familia de estos chicos no tiene buenos antecedentes en la ciudad", dijo el abogado.

-Si se hubiese tratado del chico Tulio Adorna -el joven también de Funes que mató a un hermano y a su padre en el escenario y entramado complejísimo de la vida familiar ¿el pedido hubiese sido similar? preguntó este diario. El silencio del profesional fue la respuesta.

Martínez Pintado fue más que claro cuando señaló: "No nos importa, no nos interesa si M.K. sale o no en libertad, sino sólo que esta familia se encuentre protegida".

La falta de inquietud, reflejos e interés social aparece casi patética cuando a problemas tan complejos se les propone socialmente y por parte de instituciones del gobierno, en este caso la Municipalidad local, soluciones tan simplistas, la expulsión como forma de terminar con el mal. La secretaria de Gobierno Rippa dijo a Rosario/12 que el municipio no pedía ni sugería que no se lo dejara en libertad o no se le permitiera entrar a Funes porque esos "son resortes de la decisión de la jueza Mussa". Pero puede no hacer falta la utilización de un lenguaje tan directo cuando de lo que se habla ante la Justicia es de la inquietud de una comunidad, o de una gran parte de sus integrantes..

"La gente pide que estos chicos vuelvan a los causes normales" dijo Rippa a este diario. La historia de los mellizos registra la no terminación del ciclo escolar medio y la denuncia de su madre ante los Tribunales Federales por la venta de drogas para terceros adultos. Luego el inefable paso por el IRAR donde la violencia institucionalizada -la del abandono, el aburrimiento y la nada puesta siempre por delante- retroalimenta el sistema que les permite salir por un breve lapso y volver al delito y de nuevo IRAR. Casi la justificación 'servida' para quienes vociferan porque los "menores" -así se los llama como si tuvieran sus posibilidades y derechos achicados- "entran por una puerta y salen por la otra" sin exigir que el Estado les garantice el acceso a alimentación, vivienda, salud, educación e identidad como lo plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los tratados y normas internacionales en protección de la niñez de las que nuestro país es firmante.