Luego de más de tres horas de realizar una rueda de reconocimiento en los Tribunales provinciales, la jueza Raquel Cosgaya ordenó ayer encarcelar a cuatro de los ocho policías, integrantes de la Patrulla de Caminos, sospechados de ser los autores de la extorsión a dos turistas, entre ellos un ciudadano español, cuando cruzaban el peaje de General Lagos el pasado 11 de enero. Los otros efectivos, entre los que se encuentran los dos jefes de la unidad, no fueron reconocidos por los testigos, y quedaron en libertad; aunque fueron indagados por la magistrada ya que están imputados por el delito de encubrimiento. En la rueda, de la que participaron unas 50 personas vestidas con uniforme policial, los testigos dijeron estar "100 por ciento seguros" que los policías detenidos fueron los autores materiales de la extorsión. El canciller del Consulado de España en Rosario, Gerardo Hernández Llanes, -quien dio su apoyo a las víctimas- tiene custodia policial tras la amenaza de muerte que recibió el viernes pasado y ayer se conoció que el perito que trabaja en la investigación del entrecruzamiento de llamadas en el celular de Hernández Llanes, recibió un sobre en cuyo interior había un texto amenazante y un pedazo de plomo dentro de una bolsa de plástico. El subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre, manifestó su preocupación por el tema, y señaló que "es de esperar que ahora, en el transcurso de la causa, quienes hayan sido responsables reciban todo el peso de la sanción".

Santiago Mercatante y su primo español Juan Belmont López, viajaban a Rosario el pasado viernes 11 de enero y cuando cruzaron el peaje de General Lagos los detuvieron para una inspección de rutina. Allí comenzó el calvario para los turistas, a quienes los policías les habrían exigido dinero para no abrirles una causa judicial. No conformes con los mil pesos que los turistas les entregaron en el momento, dos uniformados se dirigieron con ellos en su auto hasta una sucursal del correo de San Martín al 3500 donde extrajeron los 800 euros exigidos como coima, y que habían sido girados, a través de la empresa Western Union, por los familiares de Belmont López desde España.

En la rueda de reconocimiento llevada a cabo ayer en el subsuelo de Tribunales, que se extendió por más de tres horas, Mercatante y Belmont López pudieron identificar a cuatro de ellos. Por tal motivo la jueza Raquel Cosgaya decidió que los policías quedasen detenidos en la jefatura policial. De las indagatorias participaron los ocho implicados, los dos testigos y los abogados de las partes.

Según confiaron a este diario allegados a Mercatante; en la rueda de reconocimiento, los testigos vieron pasar a unas 50 personas vestidas como policías, en rondas de cinco personas. Y a pesar de que algunos de los implicados, que luego fueron reconocidos por los testigos, intentaron despistarlos afeitándose el bigote; las miradas al suelo, los semblantes afligidos y los ojos lacrimosos fueron suficientes para que Mercatante y su primo español estuvieran "100 por ciento seguros" que los cuatro detenidos fueron los partícipes de la extorsión.

Entre las pruebas aportadas a la causa por los testigos, el chip que Mercatante logró sacar de su teléfono celular permitió localizar las tres llamadas realizadas a familiares de Belmont López en España; una de ellas coincidía plenamente, por el horario y la localización, con la que hicieron desde el peaje de General Lagos.

Ante la consulta de este diario, el fiscal Esteban Franicevich confirmó que "los jefes no fueron reconocidos y quedaron en libertad, aunque fueron indagados por la jueza por encubrimiento. De los otros; los cuatro que acompañaron en el rally a los turistas, fueron reconocidos y quedaron detenidos como autores materiales". El fiscal agregó que hoy, en el marco de la causa, "se realizará un reconocimiento por mosaico fotográfico de otros 20 implicados".

La causa además tomó un giro trascendente porque el canciller del Consulado de España en Rosario, Gerardo Hernández Llanes, quien acompañó a las víctimas de la extorsión a realizar la correspondiente denuncia policial, recibió el pasado viernes una amenaza de muerte a través de una llamada telefónica, lo que obligó a las autoridades provinciales a implementar una custodia policial permanente.

Además, el perito comunicacional, que trabaja en la investigación del entrecruzamiento de llamadas en el celular de Hernández Llanes, recibió un sobre en cuyo interior había un texto amenazante y un pedazo de plomo dentro de una bolsita plástica. En el mensaje le hacían saber que si continuaba investigando, el plomo iba a ir dirigido a su cuerpo o bien al de alguno de sus familiares. A partir de la amenaza, la casa del perito también cuenta con custodia policial.

En relación a las amenazas, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Carlos Iparraguirre, señaló a Rosario/12 que se trata de "actitudes de una gran desesperación de quienes se han visto acorralados por los acontecimientos, en la medida de que realmente estas amenazas sean como todos lo sospechamos; es decir, que hayan sido concretamente de quienes estaban imputados en este hecho. Por tal motivo se ha garantizado toda la protección de los testigos y el resguardo de aquellos que fueron amenazados".

En este sentido, Iparraguirre destacó que "el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, desde el primer momento, cuando se comunicaron desde el consulado con él, puso toda la predisposición y el apoyo necesario del ministerio para ayudar al esclarecimiento de los hechos. De todas maneras, todo esto será motivo de un análisis bastante particularizado por parte del más alto nivel de gobierno".

El funcionario sostuvo además: "Seguimos paso a paso la instancia del reconocimiento; y obviamente, esto se ha venido siguiendo con una gran preocupación por la gravedad de lo ocurrido. Pero a la vez creo que sirve también como una muestra muy clara de que cuando actúan en forma conjunta; tanto el Poder Judicial, como los afectados, como el Poder Político, los hechos tienden a esclarecerse".