CIUDAD › A CUATRO AÑOS DEL ASESINATO DE SANDRA CABRERA
Hubo duras críticas a la justicia porque "no realizó ninguna investigación" y al ex gobernador Obeid por "no cumplir con
su promesa de derogar los artículos del Código de Faltas".
› Por Claudio Socolsky
A cuatro años del asesinato de Sandra Cabrera, la Asociación Nacional de Meretrices de Argentina (Anmar) junto a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) recordaron ayer, en un acto llevado a cabo en la Plaza San Martín, a la dirigente sindical. Claudia Lucero, de Anmar Rosario, denunció que "el juez de Instrucción Ivaldi Artacho no realizó en estos cuatro años ningún tipo de investigación y sobreseyó al policía Diego Parvluczyk. El ex gobernador Obeid tampoco cumplió con su promesa para esclarecer el crimen, ni con la derogación de los artículos del Código de Faltas. La policía también se burló de nosotras, por la impunidad con la que actuó y sigue actuando. Esto quiere decir que la policía puede seguir matando trabajadoras sexuales, total los jueces miran hacia otro lado, es una puta menos". Previamente, dirigentes de Anmar y de la CTA mantuvieron una reunión con la secretaria de Derechos Humanos provincial, María Bressa, y el subsecretario de Trabajo, Luis Ortega, donde exigieron que se reinvestigue la causa del asesinato de Cabrera.
Bajo una tenue lluvia, distintas organizaciones sociales llevaron a cabo un acto para pedir por el esclarecimiento del crimen de Cabrera, ocurrido el 27 de enero de 2004, cuando fue asesinada de un balazo en la nuca, en cercanías de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno.
Durante el acto, Lucero, dirigente de Anmar Rosario, señaló que "a cuatro años del brutal asesinato de Sandra Cabrera, las mujeres de Anmar decimos que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el actual juez en la causa por el homicidio de nuestra compañera, Alfredo Ivaldi Artacho, y el ex gobernador Jorge Obeid, junto al poder policial, se burlaron de nosotros".
Lucero explicó que "la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejó sin efecto el procesamiento del policía federal, Diego Parvluczyk, principal sospechoso del asesinato, por considerar que no fueron suficientes las pruebas presentadas. Los camaristas argumentaron que los testimonios tomados por el juez Carbone a los principales testigos; que somos nosotras, sus compañeras, no son válidos porque provienen de personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante. Esto quiere decir que nos siguen discriminando".
La dirigente recordó en su discurso que "el juez Ivaldi Artacho no realizó en estos cuatro años ningún tipo de investigación y sobreseyó a Parvluczyk. El ex gobernador Obeid tampoco cumplió con su promesa por el esclarecimiento del hecho, ni con la derogación de los artículos del Código de Faltas. La policía también se burló de nosotras, por la impunidad con la que actuó y sigue actuando. Esto quiere decir que la policía puede seguir matando trabajadoras sexuales, total los jueces miran hacia otro lado, es una puta menos".
Para Lucero, en la causa por el homicidio de Sandra, lo único que se investigó fue "la vida privada de nuestra dirigente sindical. No se tocó a la conducción policial que durante años ella denunció desde Anmar". Al recordar a su compañera, Lucero señaló que "ella fundó Anmar Rosario, fue nuestra primer secretaria general. Luchó por nuestros derechos, para que se nos reconozca como mujeres trabajadoras. Sandra Cabrera no murió, vive en la lucha de cada compañera que se pone de pie y se organiza para cambiar tanta desigualdad e injusticia".
Lucero exigió "al nuevo gobierno provincial el esclarecimiento total del asesinato de nuestra compañera Sandra Cabrera; cárcel a los autores intelectuales y materiales del crimen, y la derogación de los artículos 83 y 93 del Código de Faltas de nuestra provincia".
Elena Reynaga, secretaria general de Ammar, señaló que "a pesar que la policía todavía hostiga a las trabajadoras sexuales, no estamos dispuestas a bajar los brazos. Tenemos que estar juntos, y fundamentalmente no perder la memoria, no debemos olvidar que en muchos lugares cerrados, hay niñas y niños que están siendo explotados".
Antes del acto, los dirigentes mantuvieron una reunión con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia y el subsecretario de Trabajo. Gustavo Martínez, secretario adjunto de CTA, indicó a Rosario/12 que "a los funcionarios les pedimos que no solamente se tomen las denuncias que hoy estamos realizando, si no las propias que Sandra denunciaba en su momento, que los culpables de su muerte están ahí. Son los que tenían que ver con la recaudación ilegal, la coima institucionalizada en la policía, la participación de los altos mandos vinculados con funcionarios de las anteriores gestiones".
"Exigimos a los funcionarios -agregó- que se abra todo un proceso para reinvestigar el crimen y se deroguen los artículos del Código de Faltas que siguen dando cobertura legal a todas estas barbaridades que cometen las fuerzas de seguridad, entre otros".
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