Una compleja y perversa cadena de desatenciones, abandonos de los que se denominan estructurales y comprenden todos los aspectos de la vida, modelan a diario a la mayor parte de quienes luego ocupan la franja de menores en conflicto con la ley penal. El que sigue es un relato del devenir de movimientos de R.A.; el chico de 16 años acusado de matar a Antonio Muñoz, un hombre de 77 años que trabajaba en un negocio de Corrientes y La Paz.

Las situaciones de las que R.A. fue protagonista muestran el fracaso o por lo menos la insuficiencia que involucra a muchas personas e instituciones que intervinieron ese fatídico día, el 24 de enero pasado. R.A. está otra vez en el nefasto Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) sin la atención clínica y psiquiátrica que necesita, aunque no se lo deba abordar sólo con la mirada sanitarista corta que ignora todos sus otros derechos. Los muchos casos como el de R.A son una brasa caliente para el nuevo gobierno provincial que se expidió por el abordaje con la concepción que se trata de sujetos de derecho. Por otra parte el juez de Menores Nº 4 Juan José Carmona puso en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que R.A. necesita urgente atención por su problema de adicción a la droga y salud mental (ver aparte).

El recorrido del joven el 24 de enero, el día en que presuntamente dio muerte a Antonio Muñoz y que explicó con pesar una fuente judicial, dio cuenta de las sucesivas fallas y fracasos institucionales y familiares, una suerte de combinación explosiva que ofrece como resultado violencia y muerte. Ese jueves, alrededor de las 13, madre e hijo habían estado en audiencia con la jueza en turno, María del Carmen Musa. R.A. estaba con un cuadro agudo de diarreas, vómitos y pérdida de equilibrio. Lo revisó una médica forense y le extendió la orden para que fuera al Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" donde fue atendido y se confirmó el cuadro debido a la ingesta de drogas y alcohol. La consulta con la asesora legal del hospital señaló que no era el lugar adecuado para la atención y se consiguió una plaza de internación en el Roque Sáenz Peña. Para ese momento, 14.20 se pidió una ambulancia al SIES que hasta las 16 no había llegado. RA reclamó a su madre que lo llevara a su casa, avisaron y se fueron en taxi a la zona de La Tablada donde viven. R. ni siquiera entró en la casa, se fue rápidamente. Subió a un interno de la línea 107 y bajó en la esquina de Corrientes y La Paz. Así lo relató él mismo. Cruzó la calle y se dirigió al minimarket ubicado en la ochava noreste y le pidió un vaso con agua a Muñoz. Cuando el hombre fue hacia adentro ingresó por un espacio pequeño que permitía la reja baja y cerrada con llave. R.A. dijo que el anciano de 77 años tomó rápidamente un revolver que había en el comercio y le apuntó. De ahí en más forcejearon y el joven llegó hasta un cuchillo del tipo 'Tramontina' que estaba sobre el mostrador. Le causó varias heridas, una de ellas mortal en el cuello que le perforó la carótida. Luego sacó tarjetas del transporte urbano, también telefónicas, dinero, un celular y se llevó el revólver. La declaración que hizo ante el juzgado de Menores en turno en la segunda quincena de enero registra su relato en el que dice que salió por el mismo hueco por el que había entrado, abordó un taxi y se fue hacia La Tablada. Allí comercializó las tarjetas, compró tabletas de Rivotril y cigarrillos de marihuana. Una parte del tejido social también se beneficia, saca ventaja, compra a menos precio la más variada oferta de mercaderías robadas que siempre tienen víctimas, como en este caso fatal. Todo es parte de la economía criminal que se exhibe descarada, protegida por complicidades varias, a veces policial, judicial o política. También de una clientela que puede después coincidir con el reclamo de mano dura, a lo 'Blumberg' por seguridad. No sería posible de otro modo.

Los pasos siguientes que dio R.A. también hablan de la falta de contención. Ese día a la noche madre e hijo fueron otra vez a Tribunales para decir que policías de la seccional 16ª merodeaban su casa. Se averiguó si lo estaban buscando y la respuesta de las más altas autoridades policiales expresó que no. De ahí que a la 1.30 del viernes 25 la seccional 5ª, de calle Italia 2153 que intervino en la investigación por el asesinato de Muñoz, le extendió un certificado donde expresaba que R.A. no estaba vinculado a la causa Muñoz y por lo tanto, que no se lo buscaba sino que se procuraba encontrar a un mayor. Pocas horas después la madre volvió a Tribunales para pedir que lo internen porque, según dijo, no lo podía manejar. Antes había dicho que entre las 16.15 y las 17 -el lapso en que asesinan al hombre-, el chico estaba con ella pero, para ese momento, ya suponía que R. tenía algo que ver en el asesinato de La Paz y Corrientes. El chico había cometido dos hechos desde que había cumplido los 16 -los de antes entran en su etapa de no punibilidad- y por uno de ellos, un robo calificado, había estado en el IRAR de donde luego salió cuando su madre afirmó que podía hacerse cargo de él. R. también contó que entre el lunes 21 y el martes 22 había tomado 3 tabletas de 10 comprimidos cada una de Rivotril de 2,5 -le vendían a $ 1 cada pastilla-, más marihuana y alcohol. Después comenzó su descompostura. El viernes por la tarde lo atendieron en el Hospital Psiquiátrico Agudo Avila donde lo medicaron y volvieron a controlarlo el sábado por la mañana. Cuando regresó a su casa lo detuvieron el entonces titular de la UR II Ricardo Ruiz, el jefe de la 5ta y el de Homicidios. Un taxista había ido a la seccional y contado que a las 16.30 del jueves había llevado a un chico, "un villerito de mierda", tal su forma de describirlo, desde La Paz y Corrientes a La Tablada y que le llamó la atención su actitud.

El chico declaró que tiró el arma en la zona de 'La Lagunita', cerca del Acceso sur y el puerto y que con su madre quemaron la ropa porque estaba manchada con sangre. También dijo que quemó el dinero robado porque tenía las mismas manchas. ¿No estaba en ese estado el billete que R.A. dio al taxista?. Como sea el conductor cobró el viaje y de allí fue a informar a la policía. El chico fue detenido y se comunicó a la Justicia que el caso estaba resuelto. La indignación social por la muerte de Antonio Muñoz fue tan grande como recortada y miope en muchas voces que prácticamente pedían más sangre. Casi no se escucharon palabras que permitieran tener otra visión, que hablara de las complicidades culturales, sociales y políticas que hicieron posible la violación de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, la exclusión, los prejuicios, la marginación y el aprovechamiento durante tantos años. Resultó 'bueno y útil' que se detuviera a un culpable que permite mantener intacta la que es una problemática estructural.