"Si me desalojan quedo completamente desamparada. No tengo otro lugar adonde ir", explica Juana Barrios, madre de dos chicos discapacitados, que vive en barrio Parque Casas desde hace 10 años. Fue una de las vecinas que concurrió ayer a Villa Hortensia a protestar por un anunciado desalojo. Es que Juana, al igual que otras 20 familias construyó su casa en terrenos concedidos a la empresa ferroviaria Nuevo Central Argentino. Esas tierras ahora serán afectadas por el Estado nacional al Plan Circunvalar. Según le informó hace pocos días el representante de una empresa que los vecinos presumen contratada por NCA, la obra implicará dejar libre un espacio de 10 metros paralelo a las vías y donde a lo largo de dos cuadras, entre Washington y Maciel, viven unas 80 personas. Sin embargo, el ferrocarril de carga negó toda responsabilidad y afirmó que la ejecución de la obra corresponde al Estado nacional.

Hasta el momento y sólo de manera informal, un delegado llegó hasta el barrio y les ofreció a los vecinos los materiales de construcción para que se muden a otro lugar, pero ellos mismos deberían buscarse el terreno. La propuesta cayó mal entre los habitantes de la zona, y por eso ayer marcharon hasta el Centro Municipal de Distrito Norte para pedir explicaciones.

Se trata de un tramo del plan Circunvalar que unirá a Rosario con San Lorenzo. La obra ya comenzó a delinearse pero NCA no quiso dar detalles, aunque admitió que algunos vecinos deberán mudarse para dejar un espacio libre al proyecto. Si bien los habitantes de la zona apuntaron a la firma, los voceros de NCA aclararon que es el Estado quien contrata a los encargados de ejecutar la obra.

En este marco, muchos de los damnificados se reunieron ayer a las 19.30 en el Centro Comunitario El Rancho y manifestaron su bronca. "Vivo acá desde hace 8 años con mi esposo y mis cuatro hijos, tengo mi casita de material que hicimos con mucho esfuerzo. Yo sé que los terrenos son fiscales, no nos oponemos a que construyan la vía, pero por favor que el Estado nos de una vivienda digna", reclamó Claudia Pérez.

Al respecto, desde la provincia y el municipio aclararon que tienen incidencia. Sólo la Secretaría de Transporte de la Nación tiene potestad para modificar el plan. El Ejecutivo local fue notificado y según expresó la funcionaria de Obras Públicas, Marcela Nicastro, la empresa se comprometió a negociar con los vecinos. A su vez, explicó que le pidieron autorización a NCA para colocar dos nuevos pasos a nivel y dos pasos peatonales pero aún no recibieron respuesta.

Por su parte la directora del Distrito norte Adela Armando recibió a los manifestantes y anunció una reunión entre directivos de la firma ferroviaria, los vecinos y el Servicio Público de la Vivienda (SPV), para la semana próxima. La funcionaria se comprometió a acompañar a las familias para evitar el desalojo. "La obra es importante pero primero ellos tienen que encontrar un lugar donde vivir", aclaró.

Parque Casas es un barrio de trabajadores. Recolectores de residuos, empleadas domésticas y hasta un empleado estatal que vive allí desde hace 40 años luchan para acceder a un plan habitacional. Aunque el paso del ferrocarril no implica la desaparición de todas las viviendas, hay familias que se quedarían sin la mitad de su casa y con el tren en la puerta, un verdadero peligro en una barriada donde la mayoría son niños. Además, el corrimiento hacia el oeste significará el cerramiento de una calle de poca longitud, apenas dos cuadras, pero que constituye el único acceso al hogar de muchos vecinos. "Si nos cierran la calle nos quedamos aislados, sin la posibilidad de que entren ambulancias ni medios de transporte", expresó Juan Pablo, un joven padre de familia.