Antes de finalizar su mandato como Defensor del Pueblo provincial, Carlos Bermúdez insistió en recordarles a los usuarios de la EPE, que hayan sufrido cortes de energía, que pueden gestionar un resarcimiento a través del organismo. "Desde la Defensoría siempre tuvimos la misma posición. En primer lugar, la EPE debe tener un organismo de control, aunque esté bajo la órbita del Estado, en donde tengan participación los usuarios ya que, en última instancia, es una empresa que vive de los usuarios", dijo Bermúdez, quien estima "que cuando la empresa no da el servicio y provoca un perjuicio al usuario; de la misma manera que si no se paga la factura a término después hay que pagar un recargo, es justo que tenga que descontarlo en la próxima factura".

Bermúdez sostuvo que "en el anterior gobierno nosotros lo planteamos muy claramente, y como no existe un organismo de control, la Defensoría es el único organismo donde la gente puede venir a quejarse, que acá van a hacer todas las gestiones para provocar ese resarcimiento".

Para el Defensor, "el reglamento es vetusto y las autoridades de la EPE lo saben. Por el reglamento, resarcir a una persona a la cual le dañó un artefacto doméstico por una sobretensión; es una barbaridad. Es culpa de la empresa lo que provoca. Recuerdo el caso de una manzana entera en Casilda, donde se quemaron todos los artefactos domésticos, la EPE no podía resarcir a los usuarios y pudimos hacerlo a través de una gestión de la Defensoría".

El cargo de Defensor del Pueblo, cuyo mandato es por cinco años, es a propuesta del gobernador, y luego debe tener el acuerdo de la Asamblea Legislativa. Por el momento, quedarán a cargo las defensoras adjuntas de Zona Sur, Liliana Meotto, y la de Zona Norte, Liliana Loyola.