La seccional Rosario de ATILRA fue intervenida ayer por decisión de la conducción nacional que además nombró a sus miembros, con Héctor Ponce a la cabeza como interventores. Jorge Elizondo abogado de la filial local tildó la medida como "autoritaria", y adelantó que la resistirán en la justicia, con una medida cautelar en el fuero laboral. Víctor Vega, secretario general de la seccional local, apuntó que "es ilógico pretender una intervención a manos de quienes estuvieron directamente involucrados en los que hechos que usan como excusa". Y aseguró que a Raúl Cazón "no lo conocemos y no sabemos cómo vino".

La conducción nacional de ATILRA resolvió "decretar la caducidad de los mandatos de todos los integrantes de la comisión directiva que se desempeña desde enero de 2006, así como de la comisión revisora de cuentas y dispuso como interventores de la seccional Rosario de ATILRA a los compañeros Héctor Ponce y Jorge Manfrín, Pedro Fernández, Oscar Marosi, Juan José Cortese, todos integrantes del Secretariado del Consejo Directivo Nacional.

Los argumentos utilizados fueron "los hechos del 3 de diciembre", a los que la conducción nacional "considera graves y sin antecedentes en la historia institucional del gremio, que han generado un quiebre en la armonía que debe imperar entre los miembros integrantes de la comisión directiva de Rosario, no sólo con afiliados de esta seccional sino con los de todo el país, atentos a que deben garantizarse a los mismos la paz social y el uso y goce de los derechos que brinda nuestra entidad. Por lo expuesto -reza la carta documento- debemos adoptar los mecanismos legales estatutarios para que estos hechos no vuelvan a repetirse".

Elizondo rechazó los términos con los que se justifica la intervención de este modo: "el único argumento es la ocurrencia de los hechos de la semana pasada, que fueron provocados por los mismos que hoy se autodesignan interventores. Es decir que los que capitanearon ese grupo de choque de 900 personas, son los mismos que ordenan la intervención en base a los hechos que han provocado. En una palabra, los actos que provocaron son la excusa para la intervención".

En el mismo sentido el letrado apuntó que "esta intervención no tiene ninguna base estatutaria", aunque remarcó que "los antiestatutario es organizar grupos para invadir otras seccionales". Lo que el estatuto señala es que sea causa de intervención si "una irregularidad de la conduccion seccional ha producido hechos graves que desvirtúen la funciones específicas. Y este no es el caso de Rosario porque tenemos funciones que desarrollamos con naturalidad y regularidad".

Por último Elizondo remarcó que "Rosario siempre acató las decisiones superiores, solo resistimos esta última medida que nos parece arbitraria y carente de fundamentos ya que tiene como supuesta causa un hecho protagonizado por los mismos autores de esta resolución".