CIUDAD
Luego de una caravana de choferes hasta la Gobernación para
reclamar seguridad, Rosúa se comprometió a estudiar un sistema
que permitiría a la policía localizar las unidades en peligro.
Cerca de 200 taxistas se movilizaron ayer a bordo de sus unidades por las calles de la ciudad hasta la delegación local de la Gobernación, donde le reclamaron al gobierno provincial mayores medidas de seguridad, tras el ataque sufrido la semana pasada por un chofer, quien continúa internado en terapia intensiva. El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, se comprometió a analizar la posibilidad de implementar un sistema de comunicación directa entre los taxis y la Jefatura de Policía. "Mediante un llamado por celular a través del sistema GPS (localización satelital), la policía va a saber que se trata de un taxi y en qué punto de la ciudad está, y van a acudir a auxiliarlo", explicó Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (ATTI). La provincia no descartó financiar la instalación de los equipos y anunció que en los próximos días duplicará los controles urbanos. Peones y titulares de licencias se retiraron de la reunión conformes con los anuncios formulados por el ministro Rosúa.
La movilización comenzó a las 10.30, desde Oroño y Cochabamba, donde se congregaron los choferes nucleados en ATTI, la Asociación de Peones de Taxis y la Asociación de Conductores (ACTRO). La marcha generó algunos inconvenientes de tránsito en la zona céntrica. La marcha tomó por avenida Pellegrini hacia las calles Buenos Aires y Santa Fe y allí realizaron un alto simbólico en el que los conductores manifestaron su protesta con un bocinazo generalizado. Luego continuaron hacia esta última arteria hasta la plaza San Martín, frente a la delegación local del gobierno provincial.
La protesta se llevó a cabo como consecuencia de la última agresión sufrida por un taxista, cuando el miércoles pasado Jorge Poremba, de 65 años, fue baleado por dos mujeres. El chofer permanece internado en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Laprida en grave estado debido a las lesiones en el hígado y el estómago que recibió.
Rosúa, junto al subsecretario de Seguridad, Gustavo Peters y el jefe de la Unidad Regional II, comisario Héctor Hermida, escucharon los reclamos de peones y titulares de licencias de taxis. Además de Cesca estuvieron en el cónclave el presidente de la Asociación de Conductores de Taxis de Rosario (ACTR), Francisco Báez; el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Horacio Boix, el director de Transporte municipal, Ignacio Iñiguez y el director de Fiscalización, José Luis Tournier.
Los conductores y titulares de taxis le reclamaron a Hermida "mayores controles, con más presencia en algunos lugares recónditos de la ciudad y otros no tanto, porque la delincuencia va cambiando el mapa".
Tras resaltar la permanente inversión que el gobierno provincial viene aportando en el área de seguridad, así como los operativos de secuestros de armas que se desarrollan (especialmente, en la capital provincial y en Rosario), Rosúa escuchó las diferentes propuestas presentadas por los taxistas para, finalmente, disponer la creación de una comisión de trabajo conjunta y adoptar medidas junto con la Municipalidad de Rosario. Al término de la reunión, Cesca y Boix dijeron retirarse conformes y descartaron en lo inmediato realizar medidas de fuerza -como se había barajado durante la mañana- entre las cuáles se mencionó la posibilidad de dejar de circular durante la noche.
Mientras tanto, el titular de la Unidad Regional II anunció que en los próximos días se intensificarán los patrullajes y los controles en las calles rosarinas, fundamentalmente durante la noche, atendiendo al reclamo formulado por los taxistas.
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