El juez de instrucción Juan Andrés Dónnola viajará hoy a Santiago del Estero para encabezar medidas judiciales en el marco de la causa que investiga la venta de un bebé nacido el 6 de abril pasado en el hospital Provincial. La causa está caratulada como tentativa de estafa procesal, suposición y/o supresión del estado civil y falsificación ideológica en instrumento público. La madre del bebé, Liz Anahí Benítez, tiene 30 años y vive en Pinto, una pequeña localidad de la provincia norteña cercana a Añatuya. La mujer estuvo en Rosario a principios de mes para declarar ante el juez, y tanto en esa circunstancia como frente a los medios de comunicación negó haber recibido dinero por su bebé. En la causa hay ocho imputados, pero sólo tres personas detenidas, una pareja acusada de viajar a Santiago del Estero para buscar bebés y la hermana de la mujer.

Dónnola irá a Santiago del Estero junto a la secretaria Viviana Flores Calera, la sumariante María Laura Manso, y el representante del Ministerio Público Fiscal Eduardo Valdez Tietjen. Las medidas se circunscriben a no menos de cinco declaraciones testimoniales, dos declaraciones informativas y dos allanamientos y demandarán por lo menos dos días de trabajo. Al mismo tiempo, se ordenó una serie de diligencias que serán practicadas en la provincia de Santiago del Estero -lugar de procedencia de la madre biológica del niño- para lo cual se despacharon dos exhortos al Tribunal con jurisdicción en los lugares a realizarse y se ha comisionado a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la UR II, que ya se hallan en el lugar para trabajar de manera conjunta con el Juzgado.

En tanto, el juez viene trabajando fuertemente en la causa. El miércoles y el viernes pasado, así como ayer, tomó declaraciones al personal del Hospital -médicos, enfermeras, jefas de enfermeras y personal de guardia, entre otros- que han tenido acceso al trámite de internación y posterior salida de la madre y su bebé del centro de salud.

El objetivo del magistrado es dilucidar la forma en que estas dos personas, junto a una tercera que ingresó con posterioridad al hospital, salieron del lugar el día 7 de abril pasado, sin alta médica. La causa se inició el 16 de abril, con allanamientos en el hospital de Alem al 1400. Tras las primeras medidas judiciales, la religiosa Martha Pelloni y hasta el gobernador Hermes Binner apuntaron al tráfico de bebés. Después de eso, Donnola aclaró que esa figura "generó confusiones" y estableció las diferencias existentes entre una red de tráfico de bebés y una tentativa de estafa procesal, el delito que se imputa a los ocho implicados en la causa. en el marco de la investigación, el juez criticó los protocolos de los hospitales públicos y solicitó que se ejerza "un control mucho más severo" sobre los nacimientos y egresos hospitalarios de las mujeres que dieron a luz.

El magistrado investiga la adopción irregular de un varón. Pero aclaró que sus ejecutantes pertenecen "a ese subgrupo de gente que ahora se está manejando de una manera subrepticia; sin ser todavía una banda, una asociación ilícita, y mucho menos una red, aprovechándose de una cuestión particular; es decir, lo difícil que resulta hacer una adopción en nuestro país".