Los representantes de Mahle no se presentaron a la audiencia programada ayer, argumentando que lo hacían "por razones de seguridad", a pesar que desde el ministerio de Trabajo provincial decidieron realizar la reunión en la sede local de la Gobernación, donde se montó un inusitado operativo policial. Luego de intensas gestiones, los directivos de la empresa se comprometieron telefónicamente a pagar en las próximas horas los salarios adeudados, al destrabarse finalmente los créditos fiscales retenidos por la Afip, en una gestión realizada personalmente por el secretario General de la CGT nacional, Hugo Moyano, ante el titular del organismo, Ricardo Echegaray. La empresa deberá presentarse el próximo lunes a las 15 para entregar un cronograma de indemnizaciones a los 220 operarios que solicitaron el retiro. Ese día vencerá la conciliación voluntaria, y ante la imposibilidad legal que tiene la Provincia para extenderla, se iniciarán gestiones para que el ministerio de Trabajo de la Nación dicte una nueva conciliación obligatoria.

Aunque desde la cartera laboral provincial habían asegurado que si los representantes de la autopartista alemana no se presentaban los irían a buscar por la fuerza pública, esto finalmente no ocurrió. Los empresarios enviaron una nota indicando que no se presentarían en la sede local de la cartera laboral, aduciendo "razones de seguridad". Por tal motivo, la viceministra Alicia Ciciliani resolvió sobre la marcha realizar la reunión en Gobernación, donde se montó un especial operativo policial, pero los empresarios nunca aparecieron.

Según la funcionaria el faltazo "es inadmisible. Pueden constatar que la seguridad estaba garantizada. Además, condicionar un crédito fiscal al pago de los salarios nos parece totalmente injusto". Ciciliani explicó que "los oficios que se hicieron a la policía para traerlos con la fuerza pública, no prosperaron, dijeron que en Rafaela no había ningún directivo importante y no pudimos avanzar".

El faltazo patronal cayó muy mal y la incertidumbre se reflejaba en los rostros de funcionarios, dirigentes gremiales, y los delegados de los trabajadores, que entraban y salían del primer piso de la sede local de la Gobernación tratando de encontrar una solución al conflicto.

Luego de una hora, los actores del cónclave explicaron conjuntamente que la empresa había comunicado que los sueldos estarían garantizados, pero que no había novedades relacionadas con el traspaso. De todas maneras, el delegado gremial, Claudio Maldonado, señaló que "aunque la empresa lo niegue, desde el gobierno nacional nos siguen manifestando firmemente que hay un interesado en comprar la fábrica".

Por su parte, el titular de la CGT local, Néstor Ferraza, comentó los alcances de la reunión que mantuvieron el miércoles a la noche con el secretario general, Hugo Moyano. "Uno de los objetivos era tratar que la gente de Mahle pudiera cobrar. Sabíamos que había una transferencia de 9 millones de pesos de la Afip. Moyano habló directamente con Echegaray y el resultado se pudo lograr. Si esto no destrababa, la gente no cobraba; a la empresa le importa tres pitos la gente, por eso hay que buscar soluciones, y en eso estamos todos juntos", planteó.

Ciciliani agradeció públicamente "a la CGT de Rosario y a Hugo Moyano en persona porque hicieron posible en el día de ayer (por el miércoles), en negociaciones personales, que hayamos recibido un llamado telefónico de la empresa que tienen en sus manos el cheque por más de 9 millones de pesos para pagar a los trabajadores".

La funcionaria dijo que para el lunes "resta resolver el tema de la apertura de la planta, algo que es incierto, porque la empresa nos manifestó por escrito que a la fecha no se está avanzando en negociación alguna con algún eventual inversor, algo que nos parece sumamente grave. Por eso vamos a imponer de esto al ministro Carlos Tomada, y al área que dirige el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, para que tomen cartas en el asunto y puedan contestar esta nota de la empresa".

Consultado por Rosario/12 sobre la posibilidad de que se dicte una nueva conciliación obligatoria, el delegado del ministerio de Trabajo de la Nación, Rubén Ferreira, señaló que no la descartan, pero "será una decisión del ministro Tomada. Acabamos de ser testigos de una coacción hacia el gobierno nacional por parte de la empresa de liberar sus créditos fiscales. Hay que tener en cuenta que podemos exponernos a un nuevo chantaje en cuanto a la transferencia de la empresa".

Según el funcionario, "la aplicación de la conciliación obligatoria implica el pago de haberes a cargo de la empresa, quedando atados a que se produzca otra acción coactiva. Si el dinero estaba para liquidar las indemnizaciones hace tres meses atrás, no entiendo por qué esa propuesta, que tenía que estar documentada, no se presentó".

Afuera, un centenar de empleados reflejaba en sus rostros las horas de angustia y tensión que se vivieron frente al ingreso de la delegación local de la gobernación. Cuando los funcionarios, dirigentes gremiales y delegados salieron a la calle, una andanada de insultos dominó la escena. "Son todos cagadores", "con la gente no se jode" y "háganse cargo, la puta que lo parió", cantaban algunos empleados. Otros lloraban, una persona se descompuso y tuvieron que llamar al Sies. "No se dan cuenta que estamos en la calle", siguieron cantando.