Vie 10.02.2006
rosario

CIUDAD

Rosario quiere discutir el futuro del servicio de agua potable

El documento elaborado ayer en el Concejo Municipal rechaza la figura de Sociedad Anónima, y reclama participación amplia de municipios y usuarios y convocatoria a una consulta popular.

Intendentes de la oposición, concejales y organizaciones sociales en defensa de los consumidores se reunieron ayer en el Concejo Municipal para debatir el rumbo a tomar en torno al servicio que prestará Aguas Santafesinas Sociedad Anónima en Rosario y su región. Se resolvió rechazar la figura de Sociedad Anónima, se reclamó participación amplia de los municipios, usuarios y entidades intermedias en la conformación de los planes directores de obras e inversiones de cada ciudad y región. Los participantes volvieron a reclamar la convocatoria a una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre si el destino del servicio de agua potable y cloacas debe ser de gestión pública o privada. Hubo un rechazo generalizado a la contratación de un operador privado para el gerenciamiento de la empresa y se acordó impulsar dictámenes jurídicos a fin de determinar responsabilidades públicas y privadas por los incumplimientos contractuales en los que incurrió Aguas Provinciales. Se rechazó el aumento tarifario y se pidió condonación de deudas.

La reunión, llevada a cabo en el Palacio Vasallo, fue convocada por la Comisión Especial de Estudio y Seguimiento de la Problemática del Servicio de Agua Potable y Cloacas, cuyo titular es el jefe de la bancada del ARI, Nire Roldán, y fue presidida por el titular del cuerpo, Miguel Zamarini. Participaron del encuentro, el intendente Miguel Lifschitz, su par de Rufino (Héctor Salvo) y la presidenta del Concejo Municipal de Firmat a cargo interinamente de la intendencia, Silvina Casas, diputados nacionales y provinciales, la senadora por el departamento Rosario, concejales de Rosario y de las 15 localidades que tenían el servicio de Aguas, así como representantes de organismos no gubernamentales y de vecinales.

Al término del encuentro los participantes de la sesión resolvieron:

* "Ratificar que el agua es un derecho humano y un recurso estratégico imprescindible para la vida, cuya gestión debe basarse en el concepto de servicio público y no de mercancía. Rechazo a la figura de Sociedad Anónima para llevar adelante este servicio".

* "Participación amplia y plena de los municipios, usuarios y entidades intermedias en la conformación de los planes directores de obras e inversiones de cada ciudad y región. Control de la empresa con amplia participación de los sectores mencionados".

* "Impulsar que se realice una consulta popular en las ciudades concesionadas, donde los ciudadanos se pronuncien sobre si el destino del servicio de agua potable y cloacas debe ser de gestión pública o privada".

* "Reafirmar que el poder concedente de este servicio es de los Municipios".

* "Rechazo a la contratación de un operador privado -contemplada en el decreto que creó ASSA- para el gerenciamiento de la empresa".

* "Impulsar dictámenes jurídicos a fin de determinar responsabilidades públicas y privadas por los incumplimientos contractuales, los daños sufridos por usuarios, el medio ambiente y el desarrollo urbano".

* "Propender el estudio de soluciones a la problemática de los deudores de APSF y las demandas entabladas por ésta".

* "Rechazar cualquier aumento de tarifa que no contemple un análisis idóneo del costo estricto del mismo de acuerdo a la estructura actual del servicio y las condiciones sociales de los usuarios. Ratificar que todo los recaudado en concepto del cargo de 13,85 % aplicado debe destinarse a obras de expansión de redes".

El concejal Roldán presentó además una propuesta para que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario dictamine sobre las posibilidades jurídicas de demandar judicialmente a la ex concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe por el incumplimiento de obras que debió realizar durante su gestión del servicio. El informe solicitado podrá determinar, en su caso, responsabilidades de funcionarios de la provincia por incumplimiento de deberes.

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