El titular del Programa de Protección al Testigo de la provincia, Oscar Blando, indicó a Rosario/12 que el ministerio de Seguridad santafesina investiga por qué la custodia de la querellante de la ex causa Feced Josefina González y su marido Federico Reynares no se encontraba en el domicilio cuando ingresaron desconocidos. "La orden es que trabajen allí durante las 24 horas del día", indicó el funcionario sobre lo ocurrido el pasado miércoles 30 de diciembre en la casa de los dos empleados de la fiscalía llevó a juicio la megacausa que investiga crímenes de lesa humanidad en la región.

El funcionario apuntó que el gobierno provincial enmarcó el hecho en "un suceso intimidatorio". "Descartamos que se haya tratado de un robo común", dijo, y agregó que no se trató de un suceso aislado, sino que el ataque "fue a una querellante, que trabaja en la unidad fiscal del tribunal, por lo tanto la vinculación es directa e intimidatoria, teniendo en cuenta la condena tan fuerte de la causa Brusa y los juicios que se llevan adelante en Santa Fe, donde también habrá condenas concretas".

En el mismo sentido, Blando señaló que el gobierno provincial está trabajando en la investigación, a través del programa que dirige y de los ministerios de Seguridad y Justicia. "El propio ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, habló con Josefina y le ofreció todas las garantías de investigación y el respaldo hacia su persona y su marido", indicó.

Según explicó Blando, la elección de los agentes que trabajan en el programa de protección de testigos no fue azarosa. Por el contrario, el área de Seguridad, a través de la Unidad Especial, seleccionó a "jóvenes agentes" con una serie de pasos, y luego sus nombres "fueron entregados a organismos de Derechos Humanos que evaluaron los datos. Al no haber observaciones comenzaron a trabajar".

Sin embargo, eso no alcanzó para impedir la violación del domicilio de la pareja el penúltimo día del año, mientras los dueños de casa no se encontraban allí. Las personas que ingresaron se llevaron copias de expedientes judiciales, tras revolver papeles y fotografías del matrimonio. Además, dejaron un mensaje macabro: un pañuelo blanco, con la inscripción "1000 marchas", manchado de sangre.

Tras la intimidación, la investigación iniciada por el gobierno provincial apunta a determinar "las circunstancias poco claras por las cuales los agentes no estaban presentes en ese momento, lo que hizo que el ministro de Seguridad, quien tiene la facultad de tomar la decisión, dispusiera medidas preventivas en términos de disponibilidad de los dos agentes que debían haber estado allí". Por otro lado, Blando explicó que el trabajo de investigación es "interno, de la propia fuerza; y externo, para establecer qué ocurrió realmente".

Hoy, a las 10.30, en la secretaría de Derechos Humanos de Rosario (Moreno 248), la pareja agredida brindará una conferencia de prensa sobre la investigación, en la que participarán Josefina y su esposo, así como autoridades de los ministerios de Seguridad y Justicia de la provincia.