El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario suspendió ayer el reinicio de las audiencias por el juicio contra cinco represores que operaron en los centros clandestinos de detención la Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. El presidente del TOF Otmar Paulucci comunicó que la actividad se retomará recién mañana, debido a que los defensores oficiales del imputado Oscar Pascual Guerrieri presentaron un informe médico que alega que su defendido se encuentra impedido de participar del proceso por presentar problemas de salud. Además de anunciar el informe que señala la "afección cardíaca" que "le impide participar de la audiencia", el TOF1 informó que ya cursó una solicitud al cuerpo de médicos forenses para chequear el estado de salud de Guerrieri, imputado por graves delitos de lesa humanidad junto a Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.

La jornada comenzó con una rueda de prensa frente al tribunal convocada por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, que nuclea a organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, APDH, MEDH, HIJOS y a un conjunto de organizaciones sociales y políticas, en la que reclamaron al Tribunal Federal Oral Nº 2 que "una sala donde entren todos los familiares, testigos, querellantes y público que quiera ser parte de este proceso".

Los organismos también pidieron a los jueces que "sean fieles a la verdad y den cárcel común perpetua y efectiva para todos los represores, pena que se desprende claramente de la prueba generada a lo largo del proceso".

Juicio y Castigo Rosario marcó su convicción: "No nos quedan dudas que la pena que le cabe a los represores es la cadena perpetua. Porque en este juicio, a través de los valientes testimonios de los sobrevivientes del genocidio, de los documentos aportados, e incluso de las declaraciones de dos integrantes de la propia patota, se han probado 17 homicidios, increíbles torturas realizadas".

Estaban presentes la diputada Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Ana Moro, Elida Luna, Juan Rivero, Carlos Novillo, y la secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta, acompañada por el director y subdirector del Programa provincial de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes de Delitos de Lesa Humanidad, Oscar Blando, y Daniel Boccoli, respectivamente.

Acosta valoró como "muy importante esta instancia porque nos estamos acercando al final de la primer causa por delitos de lesa humanidad de Rosario". La funcionaria provincial destacó que "desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde un comienzo, tanto en este juicio como en el de Santa Fe, hemos colaborado para que el desarrollo de los mismos se haga con el debido proceso, contando con los elementos, protegiendo a las víctimas y a los abogados querellantes, y generando espacios para la publicidad que debe tener todo juicio, sobre todo los de delitos de lesa humanidad".

En ese sentido, Acosta recordó que a través de la Secretaría de Comunicación Social y con la Dirección Provincial de Gobierno Digital, "facilita una conexión satelital gratuita para los medios audiovisuales de todo el país y transmite por Internet a través de la página web oficial las partes del juicio autorizadas por el tribunal. Así sucederá con los alegatos que están próximos a producirse en la causa Guerrieri, y con la sentencia".

"Con esta medida se busca garantizar el acceso a la información de la ciudadanía a estos juicios históricos en los que se juzgan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, como un aporte a la democracia y a la búsqueda de memoria, verdad y justicia", indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La secretaria de Derechos Humanos destacó: "Hemos estado trabajando durante estos dos años a través de los equipos de investigación, apoyatura y seguimiento de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, aportando pruebas extraídas de la documentación que obra en poder del Ejecutivo a través del Archivo Provincial de la Memoria".

Tanto Acosta como Blando, Bóccoli y otros funcionarios acompañaron a víctimas, testigos, querellantes y organismos de derechos humanos que se nuclearon ayer en la puerta del tribunal federal de Rosario.

La causa Guerrieri, más conocida como Quinta de Funes, y su acumulada Jordana Testoni, investiga delitos cometidos por el terrorismo de Estado en distintos centros clandestinos de detención de la zona. Tras comenzar el 31 de agosto de 2009, se suspendió a fines de diciembre y continúa a partir de mañana en lo que representa el tramo final del juicio.