Una ordenanza aprobada en julio de 2008 por el Concejo, y cuya progresiva aplicación venció a principios de este año, generó un fuerte contrapunto entre los propios taxistas. La discordia surgió a raíz de la obligatoriedad de sumar a las unidades que se renovaron el 1º de enero de 2010 una barrera de protección entre el conductor y los pasajeros. Un grupo de choferes "autoconvocados" que asegura haber adquirido el dispositivo exige al municipio que fiscalice su cumplimiento e incluso hizo una denuncia en la Justicia. Mientras, una de las cámaras que nuclea a propietarios de licencias, reclamará esta semana a los concejales que prorrogue la entrada en vigencia de la norma, a la que consideran inviable. "Para cumplir con esta ordenanza tenemos que violar otras tres", resumió Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (ATTI), aludiendo a la cantidad de pasajeros que se pueden transportar, al aire acondicionado y al seguro.

La norma en cuestión, la Ordenanza 8295, fue aprobada el 21 de julio de 2008 por los ediles. Estableció la exigencia de incorporar GPS, botón de pánico y micrófono para captar audio en todas las unidades. La barrera antibala, por su complejidad técnica se estipuló su entrada en vigencia a principios de 2010, ya que requiere de unidades especiales.

A pedido de varios taxistas, el Ejecutivo municipal extendió hasta marzo el plazo para que los nuevos coches adquieran la mampara. En ese marco surgió el contrapunto: unos piden que se cumpla de inmediato con la norma sancionada en el Palacio Vasallo y otro sector reclama una postergación "sin plazos" de la ordenanza.

El denominado grupo de Choferes de Taxis Autoconvocados anunció que iba a denunciar en la Fiscalía en turno al intendente Miguel Lifschitz por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Argumentaron que se vencieron los plazos para la ordenanza que exige "el blíndex, rastreo satelital y cámara" y que los controles en las unidades "no se miden con la misma vara". "Hay compañeros que trabajan en condiciones paupérrimas", remarcaron los choferes.

Según señalaron, son unos 650 peones que consideran al jefe comunal es responsable de no intervenir ante el vencimiento de los plazos de la ordenanza 8295/08 para que las unidades de taxis contengan el vidrio separador entre el conductor y el pasajero, y el GPS. Plantearon que con la falta de esas medidas de seguridad se sigue "jugando con la salud de los compañeros" y que a la hora de realizar la inspección "no se mide a todas las unidades por igual. Queremos que la flota esté equipada con lo que nos prometieron", reclamó Pablo Bordoni, uno de los referentes.

Desde ATTI, Mario Cesca anticipó a este diario que solicitará a los distintos bloques del Concejo que se suspenda la aplicación de la barrera de protección. "Aquella ordenanza se aprobó a las apuradas tras algunos hechos de violencia y terminó incluyendo contradicciones. Para cumplir con esta norma, tenemos que violar otras tres. Por un lado se nos exige llevar cuatro pasajeros, pero sólo podríamos llevar tres atrás, el aire acondicionado no llegaría al usuario, que levantaría la ventanilla y quedaría expuesto a robos y las aseguradoras no cubren los accidentes que puedan tener los clientes al golpearse con el vidrio. En Montevideo lo tenían al sistema y tuvieron que derogarlo porque no servía. Acá va a pasar lo mismo", sentenció el dirigente.