Quince familias que viven desde hace tres años a la vera de un ramal de las vías del ferrocarril, en San Nicolás al 2700 del barrio San Francisquito, sufren la amenaza de una orden de desalojo dictada por el Poder Judicial, a instancias de la empresa concesionaria Belgrano Cargas. Las familias, diez de ellas migrantes de Perú, compraron los terrenos de zona oeste, a pasos del Mercado Central, "de buena fe", con los pocos recursos que tenían, seducidos por otros particulares que moraban allí. Desde que les llegó la orden de desalojo viven con incertidumbre, ya que si se concreta la expulsión serán 70 personas, entre las que se encuentran 30 niños, las que quedarán en la calle.

Una de las afectadas es Ilda Quico, de 34 años y ciudadana peruana, quien llegó a Rosario "buscando una mejor vida, tratando de prosperar, con aspiraciones de tener una vida mejor, un trabajo, un estudio". Después de haber recorrido los pasillos de Tribunales y entregar petitorios a diferentes organismos donde elevaron la problemática del desalojo, tiene una sensación de impotencia. "En ningún lado nos dan respuesta, no nos escuchan, no atienden nuestros reclamos", expresó. Por eso, le piden al estado que intervenga.

Todos los vecinos de esa lonja de tierras que pertenecían al ferrocarril coincidieron en sentirse "abandonados" y "discriminados". Para Mabel Duarte, una rosarina de 35 años, "el gobierno cuando necesita un voto acude al lugar precario. En ese caso, ya no es más el villero, sino es una persona. Pero resulta que una vez que logró el voto, vuelve a ver a la villa como lugar peligroso".

Para los vecinos, no es casual que quieran sacarlos a ellos del predio. "Como vimos que toda la vía estaba ocupada, nosotros confiamos", manifestó Concepción. Y Claudia aseguró que "para aquel otro lado está todo ocupado con cocheras, depósitos y casas". Claudio tiene 37 años, y vive en el lugar con su esposa, tres chicos y su mamá discapacitada. En diálogo con Rosario/12, cuestionó: "¿cuánta gente hay viviendo al lado de la vía? Hay casas de años, galpones y a ellos nunca les llegó el papel de desalojo, solamente a nosotros. A ellos no le hacen nada y a nosotros, que queremos vivir dignamente, nos molestan. Nos sentimos discriminados".

Una de las abogadas que atiende el reclamo de las 15 familias del barrio San Francisquito, Luisa Montalbetti, confirmó que el subsecretario de Gobierno de la municipalidad, Miguel Angel Pedrana, "se comprometió a hacer una reunión donde la Municipalidad actúe como mediadora de estas dos partes; Belgrano Cargas y los vecinos; ahí se formalizaría el acuerdo que le ponga fin al conflicto. La idea es que la reunión no se extienda más allá de esta semana". El "acuerdo" consistiría en que "la Municipalidad garantice (a la empresa Belgrano Cargas) que no se van producir más ocupaciones y que la empresa no va desalojar las ocupaciones existentes que no impidan el paso del ferrocarril". La profesional sostuvo que "Pedrana lo subrayó, dijo que los juicios (de desalojo) estaban suspendidos, que no podían ejecutar sentencia porque ellos estaban en tratativas de negociación".

Por su parte, Pedrana le dijo a Rosario/12 que la Municipalidad no puede intervenir directamente en la situación jurídica y lo que decida la empresa". El funcionario afirmó: "Lo que le hemos pedido a la firma es que todos los pasos que se den sean consensuados y dialogados y que eviten cualquier tipo de conflicto social". Respecto a una posible mediación entre las partes del conflicto, el funcionario manifestó que el Ejecutivo municipal, "más que una actitud mediadora lo que tiene es una responsabilidad institucional de trasladarle la preocupación y tratar de evitar cualquier tipo de conflicto".

Los abogados de los vecinos insisten en la responsabilidad del estado en sus tres niveles. "La vivienda es un derecho constitucional. El trasfondo es la política habitacional de la municipalidad y de la provincia, que está direccionada a los emprendimientos inmobiliarios y no al campo social, ni a la producción de vivienda social. Es evidente", sentenció Salvador Vera integrante del colectivo de abogados que acompaña a las familias.