El titular de la Guardia Urbana Municipal (GUM), Mariano Savia, realizó una presentación en el Juzgado de Faltas para controlar la venta ambulante clandestina en las peatonales Córdoba y San Martín. En diálogo con Rosario/12, el funcionario señaló que "no solamente se está transgrediendo la normativa municipal, ya que algunas actividades que no cuentan con habilitaciones o permisos también están transgrediendo la normativa provincial". Según Savia, el pedido está previsto en el artículo 61 del Código de Faltas provincial que establece hasta 15 días de arresto. De todos modos, el titular de la GUM aclaró que la medida "no tiene un ánimo persecutorio, pretendemos que se despeje el espacio público, buscando un poco de orden para la ciudad". Pero resaltó las "constantes agresiones" de los vendedores informales a los inspectores municipales encargados de controlar el cumplimiento de las normativas.

Savia aseguró que está contemplada "la cuestión social, brindando lugares alternativos para que la actividad se ejerza de una manera coherente", y adelantó que cuando finalice la feria judicial la medida será ampliada para aquellos que ejerzan la venta ambulante en otras arterias céntricas de la ciudad.

El texto de la presentación judicial realizada por el municipio señala que "la indebida apropiación de las calles referidas por los vendedores clandestinos afecta la libre transitabilidad de los rosarinos, perjudica a los comerciantes formales, genera una injusta competencia desleal respecto de aquellos que cumplen con sus obligaciones legales, resistiendo permanentemente la actuación de los inspectores locales, generando un desorden francamente inadmisible en la ciudad".

Savia indicó que "hay muchos vendedores transitorios que no entienden que hay lugares en los cuales no puede haber venta ambulante a lo largo de las peatonales Córdoba y San Martín, pero también encontramos que existe una resistencia muy grande hacia los inspectores, con agresiones incluidas". Según el funcionario, "la idea es ir ampliando las presentaciones para tener un control más estricto, con el levantamiento de quienes no estén habilitados y el control de las dimensiones, lugares asignados y rubros, de quienes poseen el permiso del municipio para no afectar a comerciantes y la transitabilidad de las calles".

Teniendo en cuenta que la venta ambulante es el principal sustento para muchas familias, Savia resaltó que "si bien el tema se judicializó, no es intención del municipio realizar ninguna medida coercitiva, contemplando la cuestión social. Si esta gente se aviene a lo que estamos pidiendo al Tribunal, no hay ninguna necesidad, lo que estamos buscando es un ordenamiento". El funcionario agregó: "A la gente que se suele tirar al piso a vender, le hemos dado posibilidades y lugares que son objeto de un proceso de fiscalización, como por ejemplo la Plaza Montenegro, pero han sido rechazados".

Desde la GUM remarcaron que ninguno de los denominados "paños" "artesanos" o "manteros" tienen permiso para ofrecer productos en el piso de las céntricas peatonales, donde la actividad está prohibida. Por eso concurrieron a solicitarle a la justicia que "ordene el desalojo de los mismos, de ser necesario, por la fuerza pública, procediendo al secuestro de las mercaderías y/u objetos artesanales que vendan".

La intención del municipio es activar "todas las actuaciones tribunalicias contra los mismos que impliquen la plena liberación del espacio público aludido". En consecuencia, si prospera la demanda, tales vendedores deberán "ser identificados, comparecer y rendir cuentas ante la justicia provincial, y aplicárseles las máximas sanciones que, en el marco de la ley, establezca el Código de Faltas".