Desde hace 26 años, desde enero de 1984, un grupo de personas que estuvieron privadas ilegítimamente de su libertad y sufrieron tormentos en el Servicio de Informaciones pelea para que se juzguen los delitos de lesa humanidad cometidos en el edificio de San Lorenzo y Dorrego, el centro neurálgico del terrorismo de Estado en la región. Por allí pasaron entre 1800 y 2000 prisioneros y muchos de ellos continúan desaparecidos. El miércoles, a las 9.30, comenzará el juicio oral de una parte de la causa conocida como Feced, que cambió su carátula a Ramón Genaro Díaz Bessone, jefe del Comando del 2º Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976. Seis imputados, 93 víctimas, de los cuales 17 fueron asesinados, casi 200 testigos, dan cuenta de la magnitud del juicio. Y desde Hijos Rosario calculan que se juzgará sólo el cinco por ciento de los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. Aunque hay muchos otros acusados cuyo proceso se encuentra en etapa de instrucción, y algunos prófugos, entre los enjuiciados estarán Díaz Bessone y el emblemático José Lo Fiego, lugarteniente de Feced. Además, una de las querellantes, Marta Bertolino espera que las audiencias permitan descorrer el velo sobre otros responsables, entre ellos civiles, como funcionarios judiciales y médicos que participaban de la tortura. "Creemos que los testimonios permitirán esclarecer un mapa de la represión ilegal en la zona", confío, al tiempo que cuestionó que los represores transiten el juicio en libertad. "Esperemos que el Tribunal decida detenerlos, porque existe un peligro cierto de fuga", indicó.

El juicio tiene un valor histórico para esclarecer y sancionar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia. "Equiparamos su valor simbólico al de la Esma. El Servicio de Informaciones no sólo fue un centro clandestino de detención y exterminio, sino también un centro de distribución de detenidos", expresó la abogada Gabriela Durruty, que representa a una parte de los querellantes en la causa. En tanto, Nadia Schujman, que representa a otro grupo de querellantes, afirmó: "Aquí se va a juzgar a un máximo responsable del Segundo Cuerpo, a un ideólogo, que fue ministro de la dictadura, como Díaz Bessone, que hoy sigue desarrollando la teoría que justifica el terrorismo de Estado".

Díaz Bessone, Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Chomicky estarán sentados en el banquillo de los acusados. Los dos primeros serán juzgados por 17 y 3 homicidios, respectivamente. Todos deberán responder por tormentos, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. Los juzgará el Tribunal Federal Oral número 2, con los mismos integrantes que formaron el número 1 para la causa Guerrieri. Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe escucharán durante más de un año a casi 200 testigos que darán cuenta de lo ocurrido en el edificio céntrico. Por otra parte, el equipo fiscal estará integrado por Gonzalo Stara, Mabel Colalongo y Mario Gambacorta. Sólo Díaz Bessone tendrá un abogado defensor privado, Gonzalo Miño, los otros cinco recurrirán a la defensa oficial, de modo que volverán a sentarse delante de los acusados por delitos de lesa humanidad los defensores Germán Artola y Silvio Galarza Azzoni, quienes defendieron a Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong en la causa Guerrieri. También Lo Fiego tendrá defensa oficial, a cargo de Gritzko Gadea Dorronsoro.

La espera fue demasiado larga. El ex interventor de la policía provincial, Agustín Feced, murió en 1988. También murió el jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri. Y uno de los jefes del Servicio de Informaciones, Raúl Guzmán Alfaro. El paso del tiempo permitió que murieran impunes. Pero el miércoles será el día para empezar a juzgar a algunos de los que están vivos. "Para nosotros que este proceso llegue por fin a las audiencias orales es muy tardío, tiene décadas de retraso. Aún así, es importante porque es fruto de una lucha que nunca abandonamos. Pensamos también que a partir de lo que se ventile en las audiencias habrá muchas más imputaciones", afirmó Bertolino, una de las que denunció en enero de 1984. Y rememoró las dificultades que enfrentaron para iniciar la causa. "Un poco por el momento histórico que era, porque muchos de los tipos eran parte del aparato represivo que no estaba para nada desmantelado, las imputaciones que nosotros hacíamos eran las mínimas elementales, referidas a las autoridades del segundo cuerpo, de la policía y a los verdugos directos. Pero hay un montón de participaciones de gente como por ejemplo complicidades de la justicia, participación de otras fuerzas, médicos de la tortura, que todavía no han aparecido en escena y es probable que con el devenir de las audiencias empiecen a aparecer estos elementos de prueba", afirmó Bertolino, quien calculó que "por lo menos el 90 por ciento de la represión en el Gran Rosario pasó por el servicio de informaciones, en su conexión con el destacamento de inteligencia".

En la misma línea, Schujman afirmó que "la patota de la policía provincial tuvo características específicas y el centro clandestino donde operó esa patota fue el más grande de la provincia, por eso decimos que sólo se va a juzgar 5 por ciento, porque se calcula que entre 1800 y 2000 personas pasaron por el Servicio de Informaciones, nos parece significativo que por fin después de tantos años estén sentados donde tienen que estar".

Bertolino también apuntó que "el destacamento de inteligencia (cuyos máximos integrantes fueron juzgados en la causa Guerrieri) era el que pasaba la lista de quiénes había que detener, y los que hacían el trabajo de secuestro generalmente eran fuerzas conjuntas, pero la que nunca dejaba de estar presente era la patota de Feced que salía todas las noches a rastrillar las calles".

Durruty apuntó en el mismo sentido. "Feced intervino la policía de la provincia, y como fue parte del plan sistemático de todo el país, estuvieron al servicio de la represión encabezada por el Comando del Segundo Cuerpo, reportaban allí. Esto quedó absolutamente acreditado en la causa Guerrieri, que desde allí se organizaba la represión, que utilizaban todas las fuerzas que podía utilizar el aparato terrorista a partir de una sola organización para llevar adelante el plan de terror", dijo la abogada, que afirmó además: "Esta es una elevación parcial, que tiene los tres delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Pero agrega también la asociación ilícita, que nos permitirá acreditar una mayor cantidad de víctimas que pasaron por el servicio de Informaciones". Como ejemplo de ello, Durruty recordó el asesinato del militante Daniel Gorosito. "Tenemos acreditado que estuvo en el servicio de informaciones, que lo mataron allí, y sabemos fue víctima de la asociación ilícita integrada, entre otros, por estos seis imputados, si bien ninguno de ellos está imputado específicamente de este homicidio", afirmó.

Todos los delitos están agravados. En el caso de las privaciones ilegitimas de la libertad, los agravantes están dados por el uso de violencia y amenazas sobre las victimas y por haber durado más de un mes en algunos de los casos. A los homicidios los califica la alevosía, por la concurrencia de dos o mas personas en el hecho y criminis causa, es decir que esta cometido para ocultar otros delitos y como medio para procurar impunidad para sí y para otros. En los tormentos, se tipifica por ser las víctimas perseguidos políticos.

Para Schujman, otra característica de la causa es la cantidad de testigos directos que tendrá. "Hay muchísimos sobrevivientes que desde el año 84 están dando testimonio, poniendo el cuerpo, haciendo reconocimientos y también familiares que están persiguiendo justicia. Este momento es fundamental para con ellos y para toda la sociedad rosarina, que puede hacer efectivo el juicio a sus verdugos", consideró la abogada.

Sobre las posibles condenas, Bertolino trató de desactivar las expectativas de las máximas condenas para todos los acusados, como sí ocurrió en la causa Guerrieri. "No es bueno crear expectativas de una condena idéntica, porque no todos están imputados por homicidio, hay algunos como Lo Fiego y Díaz Bessone que sí tienen que responder por homicidios, algunos quedan imputados por la asociación ilícita. Además, es muy difícil llegar a establecer en forma fehaciente el autor directo de un homicidio. Nos importa que las condenas sean las máximas posibles, deslindando cada caso que no son iguales, que sean las máximas posibles y sobre todo que quede desplegado ante la sociedad de qué se trató la represión ilegal", consideró.