"Fue un traspié", reconoció la representante de Cladem y de Insgenar, Analía Aucía, sobre la marcha atrás del gobierno nacional respecto de la firma de la resolución ministerial para la aplicación de la guía técnica la atención integral de abortos no punibles, que protocoliza con todo detalle la actuación de los distintos integrantes del sistema de salud en los casos contemplados por el artículo 86 del Código Penal, sancionado en 1921. En la provincia de Santa Fe, el ministro Miguel Angel Cappiello firmó en mayo del año pasado la resolución que toma a la letra esa guía nacional, elaborada por un comité de expertos. Rosario, en cambio, cuenta con una ordenanza municipal en el mismo sentido desde 2007. "La guía está vigente en el ámbito nacional", subrayó Marité Yanos, de Mujeres Autoconvocadas Rosario, mientras Aucía detalló que la firma de la resolución ministerial es importante porque genera obligatoriedad a todos los agentes del sistema.

"Lamentamos este confuso episodio. La guía no avanza sobre las leyes vigentes, sólo establece procedimientos", indicó Yanos en la conferencia de prensa a la que concurrieron representantes de organizaciones de mujeres, legisladoras nacionales, provinciales y varios concejales. De allí salió un compromiso -asumido por la vicepresidenta del cuerpo, la concejala del Frente para la Victoria Norma López para impulsar una declaración del cuerpo, así como de la diputada nacional Mónica Fein para convocar al ministro Juan Luis Manzur a brindar explicaciones.

"Es nuestro pedido al Ministerio que firme esta resolución, que le de el impulso necesario para seguir trabajando en pos de los derechos de las mujeres", apuntó Aucía, quien leyó el comunicado firmado por las organizaciones que participaron del comité de monitoreo de la aplicación de la Convención para la Erradicación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres que se realizó en Nueva York, donde la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Lidia Mondelo, anunció la firma de esta resolución ministerial.

Desde el Ministerio, se desdijeron de esa resolución. Sin embargo, Yanos afirmó que la página web del Ministerio consignaba, el 21 de julio, que existía una resolución 1184, del 11 de julio, sobre el tema. Pero pocas horas después esa comunicación fue eliminada. "Al no tener resolución ministerial, pierde fuerza la obligatoriedad", sinceró el quid de la cuestión Aucía, para esclarecer el rompecabezas que significa la vigencia de la guía, pero sin resolución ministerial.

Además de Fein, estuvo en la reunión la diputada nacional Alicia Ciciliani. También el presidente del Concejo, Miguel Zamarini, así como sus colegas Mariana Alonso, Orlando Debiassi, Pablo Colono y Gonzalo del Cerro. Sobre los efectos de la marcha atrás ministerial, Alonso manifestó su preocupación por el destino incierto de los avances en las distintas provincias que ya cuentan con resoluciones para la aplicación de la guía.

En el marco de una reunión en la que cada uno dijo lo suyo, la diputada Lucrecia Aranda -que impulsó fuertemente la aplicación de la guía en la provincia a partir de proyectos de ley conjuntos con su colega Alicia Gutiérrez recordó un caso emblemático de Santa Fe: Ana María Acevedo. "Su caso demuestra la terrible injusticia que significa negarle la posibilidad de salvar su vida a una joven mujer porque estaba embarazada. Está claramente establecido en el Código Penal. De hecho, hay médicos procesados por no haber cumplido la ley. Hay que dar una posición firme de que la ley hay que cumplirla", expresó Aranda.