La familia del abogado César Tabares, desaparecido durante la última dictadura, se presentó como querellante en la causa que se sustancia ante la justicia federal. Su esposa Alicia Ferrero y sus tres hijos Federico, Julieta y Leandro Tabares, se presentaron ante el juzgado federal Nº 4 a cargo de Marcelo Bailaque, patrocinados por las abogadas Isabel Fernández Acevedo, Jessica Pellegrini, Daniela Asinari, Leticia Faccendini y Gabriela Durruty.

Tabares fue abogado laboralista y ocupó el cargo de director Provincial de Institutos Penales durante la gestión del gobernador de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis, entre 1973 y el golpe de Estado de 1976. En ese cargo, desarrolló un programa de gestión que tenía como objetivo cumplir con lo prescripto en la Constitución: "Las cárceles deben ser sanas y limpias, para rehabilitación y no para castigo de los presos".

Tabares encaró un proyecto que puso en marcha, no sólo en Coronda sino en otras cárceles, talleres de oficios para los internos, fundó una escuela secundaria en la misma Cárcel de Coronda, dio lugar a los permisos para salir a trabajar y a estudiar a los presos de buena conducta que tenían parte de su condena cumplida, así como otras acciones.

Cuando comenzó la persecución política durante el gobierno de Isabel Perón fueron llevados a Coronda, al amparo de una normativa represiva, muchos militantes detenidos por cuestiones sociales, políticas o gremiales.

Tabares permanece desaparecido desde la noche del 6 de enero de 1977, cuando la familia advirtió que no regresó a su hogar. Aquel día de Reyes de 1977, ante la ausencia de su hijo, la madre de Tabares se comunicó con su entonces socio, el doctor Di María, quien averiguó su paradero en hospitales y comisarías de Rosario, con resultado negativo.

Según explicaron las abogadas que patrocinan a Ferrero por intermedio de otro abogado la familia de Tabares consigue comunicarse con el secretario del jefe de policía Agustín Feced, un agente de apellido Corrales, quien admite la detención y promete el "blanqueo" en unas horas.

"Pasan los días y cada vez hay más reticencias para dar información. Tenemos datos a través de un abogado de que lo matan en una ejecución practicada en el mes de febrero", relató su esposa. "Por otro lado, se nos afirma que no es así, que sigue vivo...", añadió al tiempo en que contó que "uno de los que dice que mataron a Tabares es el padre Cantilo (hoy fallecido) de la parroquia de Oroño y Saavedra, pues el cura Eugenio Zitelli (por entonces capellán de la policía de Rosario), a quien éste recurre, le da esta información".

Añadió que, "al año de la desaparición de César, un abogado me confió que un pariente suyo, militar, del que prefirió no dar su nombre, me dice que dejen de buscarlo porque está muerto". Ferrero presentó en aquel momento un recurso de habeas corpus y una denuncia en el Ministerio de Interior el 12 de junio de 1977, pero todo ello con resultado negativo. "Fui recibida muchas veces por el militar Soria en la sede del Segundo Cuerpo del Ejército, quien siempre se burló de mí", recordó Ferrero.

La causa denominada Feced, apellido del fallecido comandante de Gendarmería a cargo de la Jefatura de Policía de Rosario en épocas de la dictadura militar, se encuentra en etapa de instrucción en los tribunales de Rosario.