Después de varias horas de tensión, pudo desactivarse ayer el motín que realizaron en la noche del domingo los 19 detenidos de la seccional 12ª, en barrio Ludueña, quienes reclamaban ser trasladados a otros lugares de detención. Según indicaron familiares de los internos, en la comisaría solamente hay lugar para nueve internos. "En realidad, es un lugar que no puede vivir nadie, y se determina una capacidad que fija la policía y que tampoco es real", dijo a Rosario/12 la abogada Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), quien destacó que la situación "se repite en cada una de las comisarías". La coordinadora de la CTC consideró que "si bien es cierto que los detenidos prefieren estar ahí porque tienen visitas tres veces por semana y están cerca de las familias, las condiciones son lamentables". En este marco, desde la organización se pusieron en contacto con los defensores oficiales quienes plantearon un habeas corpus en el juzgado de Instrucción Nº 4.

El domingo a la noche, familiares y allegados de los detenidos se concentraron frente a la comisaría ubicada en Pedro Lino Funes 200 bis, ya que los internos habían amenazado con prender fuego a los colchones si no se producían los traslados a otros lugares de detención. Al lugar llegó personal del Comando Radioeléctrico, médicos y paramédicos del Sies, y una dotación de bomberos que pudo extinguir los focos de incendio que se produjeron.

Fue el jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Casajus, quien ayer a las 7 de la mañana ordenó el traslado de cuatro de los reclusos hacia otros centros de detención y de este modo pudo descomprimir la situación. Además, el jefe de la URII organizó la entrada de familiares a la comisaría para que pudieran constatar la realización del operativo de traslado. "Tres fueron derivados a la seccional 14ª y uno a la 7ª", explicó Casajuz, para luego agregar que en el año se realizaron unas cinco mil detenciones, y por lo tanto "el Servicio Penitenciario no puede dar lugar a esos casos y por eso las seccionales están colapsadas".

Según Maidagan, desde la CTC vienen planteando que "una vez que se dispone que una persona tiene que quedar detenida, después de las primeras horas debe pasar a la esfera del Servicio Penitenciario, sea procesada o condenada".

Al momento de iniciarse el motín había en el lugar 19 detenidos, pero según confirmó una fuente policial la semana pasada habían llegado a 25, cuando el lugar tiene capacidad para alojar a nueve internos. Maidagan indicó que la denuncia tuvo que ver con "golpes que les propinaron el pasado viernes a la tarde en la requisa, porque además no les pasan la comida que traen los familiares y tampoco la ración seca que se supone mandan de jefatura.

La abogada de la CTC recordó que en un informe realizado en el 2004, cuando controlaron la comisaría 12, se decía que "la cantidad real de detenidos que podían entrar eran seis, y en cuanto a las condiciones de habitabilidad en el penal señalaba que eran completamente inadecuadas para alojar personas, situación que no cambió en nada. En realidad, es un lugar que no puede vivir nadie".

Para la coordinadora de la CTC, "tendrían que trabajar todos los poderes del Estado, los jueces de Instrucción y de Sentencia tendrían que empezar a rever los casos de presos sin condena, ver qué casos son necesarios y para los otros casos buscar medidas alternativas. Por otro lado, de parte del Poder Ejecutivo, mejorar las condiciones. Abrieron la Alcaidía, detrás de la Jefatura, y en el Pabellón B las condiciones son espantosas. Se terminan reproduciendo lugares que siguen teniendo los mismos problemas de infraestructura".