La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó a la justicia federal que "se adopten medidas restrictivas en relación a los imputados en la causa Díaz Bessone, que durante feria judicial de enero sólo deberán presentarse una vez a la semana ante el Patronato de Liberados de la provincia". Se trata de José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky, quienes no se encuentran detenidos por decisión judicial.

El escrito judicial -firmado por el titular del programa, Daniel Boccoli, y por el subsecretario de Derechos Humanos zona sur, Angel Ruani- consigna que la decisión del tribunal "ha provocado un estado creciente de inquietud entre los testigos víctimas, muchos de los cuales han ingresado a nuestro Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes, y esta nueva situación puede afectar su seguridad y su integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo del juicio".

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, realizó esta presentación en los tribunales federales de Rosario en la que solicita medidas a raíz de la modificación del régimen de control de la mayoría de los imputados en la causa Díaz Bessone, quienes se encuentran excarcelados.

El fundamento de la presentación es "garantizar la seguridad y los derechos de los testigos y querellantes", muchos de los cuales han ingresado al programa provincial de protección.

En la denominada causa Díaz Bessone, ex Feced, se investiga el accionar del terrorismo de Estado en la región. El debate oral comenzó en julio del año pasado y está previsto que se extienda durante varios meses más durante 2011.

El escrito se interpuso ante el Tribunal Oral Federal N 2 de Rosario el 30 de diciembre, luego de que la justicia notificara formalmente a la Secretaría de Derechos Humanos que todos los imputados en la causa (excepto Ramón Díaz Bessone) deben presentarse a la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (ex Patronato de Liberados) para su control solo una vez por semana durante el mes de enero.

Este último requerimiento se suma a otros anteriores efectuados por la Secretaría de Derechos Humanos para que el tribunal disponga medidas restrictivas en relación a los imputados, incluso la detención, de modo de garantizar la realización del juicio. En esta oportunidad, además, las autoridades provinciales citaron y destacaron el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, del 28 de diciembre pasado, que en la causa por delitos de lesa humanidad caratulada "Morales, Domingo" ordena revocar la excarcelación por las características personales del imputado y las circunstancias de los hechos juzgados.