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Organismos de Derechos Humanos de San Nicolás y Rosario repudiaron ayer la decisión del Tribunal Oral Federal Nº2, de rechazar un pedido de unificación de causas por delitos de lesa humanidad, dado que ayudaría a "la economía procesal" de los juicios y evitaría la reiteración de declaraciones de los mismos testigos en diferentes expedientes.

La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, junto a la agrupación HIJOS Rosario, repudió "el rechazo del recurso de casación por parte del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, que presentarán la fiscalía y los abogados de la querella en el caso de los estudiantes secundarios del Colegio Don Bosco de San Nicolás", señala un comunicado. El ex detenido desaparecido de la localidad bonaerense, José María Budassi, anunció a Télam que los abogados de la querella irán "en queja a Casación" para lograr la unificación de las causas, que según afirmó tienen "los mismos testigos, víctimas e imputados".

El TOF2 de Rosario iniciará el próximo 29 de agosto el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura tramitados en tres causas originadas en el Juzgado Federal de San Nicolás. Se trata de la causa por la denominada Masacre de Juan B. Justo, cuyo único sobreviviente es el nieto recuperado Manuel Goncalvez, y los expedientes caratulados Mastroberardino y Martínez, precisó Budassi.

Los querellantes en la causa conocida como Don Bosco que reúne casos de violaciones a los Derechos Humanos hacia ex alumnos de ese colegio católico de San Nicolás , son seguidores del desaparecido obispo Carlos Ponce de León y plantearon que también forme parte del juicio oral que comienza en agosto, en virtud de que coinciden víctimas, testigos e imputados. El principal acusado, explicó Budassi, es el jefe de la represión en esa subzona durante la dictadura, el entonces teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant.

"Cabe destacar el hecho de que las causas estén divididas determina que al menos cinco testigos vayan a tener que declarar innecesariamente dos veces, en virtud del vinculo que existe entre los hechos investigados en uno y otros casos", señala el comunicado de los organismos de derechos humanos.

A la vez, advirtieron que "con el desdoblamiento de la investigación agregaron uno de los expedientes recaería en el Tribunal Oral Federal 1 que integra la cuestionada jueza Laura Inés Cosidoy".

Cosidoy fue defensora oficial de la justicia federal durante la última dictadura, y admitió públicamente su relación de amistad con el entonces comandante del Segundo Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario, el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

En ese sentido, las organizaciones de derechos humanos ratificaron que este lunes 20 de junio en el Monumento a la Bandera "comenzará una campaña para juntar firmas contra la magistrada que confesó sus vínculos con los represores de la dictadura".