Seis cabarets y whiskerías habilitados en Rosario ya funcionan en el marco de la ordenanza sancionada a fines de 2010, que prohíbe la libreta sanitaria para bailarinas y alternadoras, y los boxes o habitaciones tipo "privados" dentro de los locales del rubro. La normativa apunta a desalentar el proxenetismo y la trata de personas para fines sexuales. El titular de Inspecciones Generales de la Municipalidad, Rodrigo Gutiérrez, confirmó el avance en la implementación de la norma, y aseguró que "hay controles todos los fines de semana, en horarios diurnos y nocturnos". Actualmente, son más de 60 las mujeres que trabajan como bailarinas y alternadoras, en estos locales. La concejala socialista Mariana Alonso, mentora del proyecto que se transformó en ordenanza en noviembre del año pasado, indicó que "muchos de estos lugares nocturnos debieron hacer reformas edilicias, porque desde que comenzaron las inspecciones, hasta hubo clausuras temporales por incumplimiento de estas cuestiones, más allá que ahora estén funcionando en regla". Pese a que hay varios lugares de este rubro que funcionan como prostíbulos -prohibidos en todo el país-, Alonso comentó que hay pedidos de habilitaciones en trámite para sumar cabarets y whiskerías, amoldados a las nuevas normas locales.

Al ser aprobado el proyecto de la edila socialista, se incorporó el artículo 9 bis a la ordenanza Nº 7218/2001, en el que se disponen tres proyectos que tienen como objetivo resolver y aplicar medidas urgentes en contra de la violación de los derechos humanos como lo es la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Rosario.

El nuevo artículo indica que "los titulares de la habilitación de los citados tipos de locales deberán presentar los contratos de locación de servicios del personal para bailar y alternar, por el cual certifique el vínculo con cada una de las empleadas".

Además, el Ejecutivo debe "reglamentar los alcances de la definición de la actividad de alternar, explicitando que el titular del local no podrá exigir ni ofrecer ningún tipo de servicio sexual", tanto a alternadoras como a bailarinas.

La modificación implica también la puesta en vigencia de nuevos requisitos edilicios. "Queda prohibido que en los locales del rubro enunciado, existan habitaciones y o boxes privados dentro del local, salvo los destinados a vestuario y un camarín", dice la normativa.

En ese sentido, Gutiérrez confirmó a Rosario/12 que la ordenanza está vigente y los locales habilitados están en regla. Alonso agregó que "la finalidad es el combate contra la explotación sexual, el proxenetismo y la trata". Además, aclaró que "quedó prohibido que en estos lugares haya conexiones con instalaciones o inmuebles contiguos", por lo cual muchos locales "estaban en infracción y tuvieron que amoldarse a cuestiones administrativas y edilicias".

Alonso recordó que a partir de la entrada en vigencia de la ordenanza --hace unas semanas atrás-- "no se le puede solicitar a las alternadoras y bailarinas la libreta sanitaria, y eso también se está cumpliendo". La concejala recordó que este punto tiene que ver con la capacitación que dio personal del Area de la Mujer, perteneciente a la Secretaría de Promoción Social, que llegó a todo el personal de la Dirección General de Inspección, con temas de derechos humanos de las mujeres e introducción a la problemática de la trata, con fines de explotación sexual, y alerta de indicadores para los operativos de control.

Pese a que estos lugares funcionan en regla, en las últimas semanas hubo varias denuncias públicas de ONG's como el colectivo Las Juanas, y sectores políticos, como el candidato a intendente del Frente Santa Fe para Todos, Héctor Cavallero, que dejaron al desnudo la existencia de varios locales que funcionan como prostíbulos. A comienzos de este mes, y en menos de una semana, la Justicia rosarina clausuró cuatro burdeles con mujeres prestando servicios sexuales. El último fue descubierto en una vivienda de la zona oeste, donde personal municipal, policial y judicial halló trabajando a cinco mujeres de entre 19 y 35 años. Sin embargo, días antes, tres allanamiento casi paralelos terminaron con cuatro detenidos por casos similares, y ahora la Justicia investiga la posible conexión con una red de trata de personas.

Al respecto, Gutiérrez aseguró que en estos lugares "los controles son periódicos, y se basan en denuncias de vecinos o a través de los volantes que circulan en la vía pública".

Alonso apuntó a que "en el caso de los prostíbulos se aplica la ley nacional de profilaxis, que estipula la prohibición de casas de tolerancia. Claro que allí se realiza explotación sexual de mujeres, niños y niñas, con explotación y comercialización de prostitución ajena". Además, la edila aseguró que la nueva ley que prohíbe el rubro 59 "es una decisión oportuna y un golpe certero en el combate a la trata".