El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que juzga al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y otros cinco imputados por delitos de lesa humanidad, escuchó ayer alegato final de HIJOS, que solicitó "prisión perpetua y cárcel común" para el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército. En tanto solicitó 25 años de cárcel para los policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortecchini y Ramón Rito Vergara. "Con la verdad sobra para condenar a los imputados", señaló Nadia Schujman quien junto a Alvaro Baella representan a HIJOS. Al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, HIJOS no pidió penas para el civil Ricardo Miguel Chomicki.

La abogada terminó ayer de desarrollar el último de los siete casos que representa con el relato de los hechos sufridos por la ex detenida Carmen Lucero, quien tenía sólo 16 años cuando fue secuestrada.

Luego fue el turno de Baella, quien subrayó todo lo que dijeron los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones sobre cada uno de los imputados, y extrajo de los testimonios de los más de 150 testigos, los dichos que confirmaron lo declarado en el juicio por los querellantes que representa HIJOS.

Con relación el delito de privación ilegítima de la libertad, desde HIJOS hicieron un planteo novedoso, al señalar que ese delito duró todo el tiempo que estuvieron detenidos los querellantes que representan, aún el tiempo que permanecieron en calidad de "blanqueados" (es decir puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional). Baella explicó que esa detención "era un engranaje más dentro del plan sistemático" trazado por el terrorismo de estado.

Además hizo un desarrollo sobre cómo las Fuerzas Armadas construyeron la idea de "enemigo", y lo amplio que podía ser ese concepto. Para ejemplificar dicha construcción recordó palabras del imputado Díaz Bessone en una entrevista con la periodista francesa, Marie Monique Robin. El abogado de HIJOS recordó los dichos del militar, quien aseguró que "el enemigo podía estar en todos lados: atendiendo un comercio, asistiendo a clases en la universidad o en colegios, enseñando como profesores. Puede ser un abogado, un ingeniero, un médico, un trabajador, un obrero".

El letrado también trajo a la luz el documento conocido como informe Sotera ﷓redactado por Ejército y Policía﷓, en el que constaban como blanco, buena parte de las víctimas de esta causa. Luego de ese planteo, Baella argumentó por qué los delitos cometidos en el SI, deben ser considerados en el marco de un genocidio, y definió a la práctica genocida como "aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios".

El abogado de HIJOS remarcó algunas cuestiones que el tribunal no podía dejar de tener en cuenta a la hora de evaluar los hechos juzgados. "Solicitamos ﷓dijo Baella﷓ que se tome en cuenta el carácter de crímenes de lesa humanidad de los delitos que se juzgan; la gravedad de los hechos descriptos y la intensidad del padecimiento de las víctimas, padecimiento que todos hemos percibido del relato de los sobrevivientes aquí en esta sala, con la proximidad propia del lugar desde donde declararon; cualquier palabra que pronuncie sobre ese sufrimiento va a empequeñecer la magnitud de los relatos".

Baella también destacó a los jueces que "deben considerarse la sistematicidad de la prácticas llevadas adelante por los acusados; los delitos sexuales perpetrados contra las víctimas, la amenaza constante respecto a la suerte de los familiares de los detenidos, que a veces llegaba al punto de hacerles creer que los tenían también detenidos o hacerles escuchar el llanto de un bebe refiriendo que era su hijo, o incluso ponerles frente a su hijo, madre u otro familiar que habían capturado".

"La desaparición forzada de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo y el ocultamiento del cadáver de los asesinados por tanto tiempo, coloca a los imputados, en la negación de la humanidad misma, ya que privar a las familias (como se intentó hacer con el caso Moro-De Vicenzo), de los ritos funerarios, manteniéndolos en un estado de incertidumbre constante, coloca a quien determina ese hecho, en un estado previo a la civilización", afirmó el letrado.

Al término de la exposición de HIJOS, otra de las abogadas querellantes, Gabriela Durruti, solicitó comenzar con su alegato la próxima jornada. Desde el tribunal informaron que se retomarán las audiencias el lunes 15 a las 9.30.