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Miembros de la ex Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio Vigil, que fueron secuestrados, detenidos y torturados en la Jefatura de Policía de Rosario en 1977, presentaron ayer una denuncia ante el fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Gonzalo Stara, para que investigue la posible comisión de delitos de Lesa Humanidad. Los denunciantes, patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH Rosario), son Augusto Duri, presidente de la Biblioteca hasta el momento que fue intervenida el 25 de febrero de 1977; el vicepresidente, Raúl Frutos, la vocal Antonia Frutos; y Celina Duri, hija de Augusto y Antonia Frutos, quien al momento de la intervención cursaba el 7º grado en la escuela primaria de la Vigil y fue testigo de la detención de su abuelo Platón Duri y la de sus padres. "Pretendemos que esto se enmarque en lo que fue el plan genocida de la dictadura cívico-militar, y que se lo considere como un delito de Lesa Humanidad que son imprescriptibles -señaló a Rosario/12 la abogada María del Carmen Martínez-; pero a partir de allí, comenzar a desmadejar una parte del genocidio socio-cultural que también hubo en el país, porque a ellos los mantuvieron ocho meses detenidos sin causa para perpretar el asalto a la Biblioteca que era una obra popular".

Según consta en las denuncias presentadas ayer, el 25 de febrero de 1977, una "Comisión Normalizadora" a cargo del Capitán de Corbeta César Molina, con apoyo de fuerzas armadas de la policía, ingresaron a la sede de la Biblioteca Constancio Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En los primeros días de marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar y en el mes de abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado.

El 10 de mayo de ese mismo año, ocho miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca fueron secuestrados de sus hogares, detenidos sin orden judicial en la Jefatura de Policía de Rosario, torturados y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el 24 de diciembre de 1977 sin que se les imputara en causa alguna.

Duri consideró que a la institución "le quitaron toda la posibilidad de continuidad" al ser detenido junto al vicepresidente, el tesorero, el primer vocal, y cuatro síndicos. Para Duri, el motivo alegado por la dictadura para "destrozar" la Biblioteca fue hablar del proceso de "liquidación" de la entidad, que había sufrido un gran proceso económico negativo como consecuencia del Rodrigazo en 1974. "Eso fue una falacia, porque en ese momento el capital de la institución era cuatro veces superior a la deuda que tenía", precisó Duri.

Celina, su hija, denunció que fue sometida a un interrogatorio en la escuela primaria que funcionaba en la Biblioteca por Ramón Telmo Alcides Ibarra, alias "Rommel", quien fuera jefe del Servicio de Informaciones de la Policía.