La jueza de Instrucción de la 6º nominación, Raquel Cosgaya, denegó la excarcelación de los ocho policías detenidos por extorsión y supuesto robo de casi 60 mil pesos a un supermercadista chino, luego que la semana pasada el denunciante no los identificara en rueda de reconocimiento. Al mismo tiempo, el fiscal de la causa, Donato Trotta, apuntó a una "falla" en la fuerza policial y los controles del Ejecutivo provincial, ya que tres de los ocho efectivos, pese a las causas que tenían abiertas desde 2006, no fueron separados del cargo. "Vamos a solicitar los sumarios administrativos de estos oficiales. Las causas están en un juzgado de Sentencia, ante un procesamiento firme (por vejaciones y severidades) de estos oficiales, que pese a ello seguían trabajando en la fuerza", dijo el fiscal. Por su parte, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad provincial, Facundo Paschetto, solicitó los antecedentes judiciales del caso, para proceder administrativamente con sanciones, en el marco del hecho suscitado hace casi seis años. "Estamos analizando la cuestión: si hubo irregularidades o se actuó conforme las pautas que determinan un pase a disponibilidad, para saber si fue acertada la determinación que se tomó en aquel momento", dijo el funcionario.

Tras los resultados de la rueda de reconocimiento, la investigación continuará con el análisis de una serie de imágenes de cámaras de seguridad y videovigilancia ubicadas en la zona de Avellaneda al 1600, donde sucedió el hecho. Estos videos serán una prueba "importante" para avanzar, ante la falta de un motivo concreto para que los efectivos del Comando Radioelétrico ingresaran sin orden de allanamiento a la vivienda donde se encontraban los ciudadanos de origen chino, en la noche del 29 de septiembre pasado.

Oscar Gatti, Diego Leguizamón y Gustavo González son tres de los oficiales detenidos por el caso de robo a un grupo de ciudadanos chinos, pero ya antes estuvieron implicados en situaciones ilegales, por lo que cuentan con un procesamiento por severidades y vejaciones. Ante esa situación, surge la pregunta de por qué los oficiales continuaban en servicio. Para Trotta, la respuesta debería darla el Ejecutivo. Por eso, aconsejó a la jueza solicitar los sumarios administrativos de los implicados. Al mismo tiempo, Paschetto solicitó a la Justicia los antecedentes de estos tres oficiales.

La semana pasada, la jueza Cosgaya recibió a Li Ching, el ciudadano chino que acusó a los efectivos, para que reconociera los rostros de los hombres que ingresaron a su vivienda --donde al parecer había dinero de por medio, en una mesa de juego-- y, según denunció, le arrebataron unos 53 mil pesos. Sin embargo, el oriental no los identificó cuando la jueza lo puso frente a ellos. "Que haya dado negativo no significa que los detenidos tengan que ser liberados", dijo ayer la magistrada.

Trotta puntualizó que la situación es complicada en cuanto a que una pareja de ciudadanos chinos que estuvo en el lugar del hecho y fue víctima del robo viajó a China y no se presentaron a testimoniar, por lo que ahora se esperan las grabaciones de las cámaras de seguridad de una estación de servicio cercana a la vivienda y una de videovigilancia perteneciente a la Municipalidad. "Falta analizar una serie de pruebas que se incorporarán entre esta semana y la próxima, que nos permitirán avanzar en este delito que es grave", apuntó el fiscal.

En tanto, tras la negativa de la jueza para excarcelar a los oficiales, los abogados de los detenidos apelaron la resolución. Mientras tanto, los efectivos del comando continúan detenidos, aunque se declararon inocentes.

Esa madrugada el Comando llegó al lugar alertado por el servicio de emergencias 911, alrededor de las 2.30, sobre una riña entre orientales en Avellaneda 1669. Al lugar llegaron cuatro patrulleros, con dos oficiales en cada móvil, que según denunció Li Ching, ingresaron a la vivienda del comerciante y se alzaron con la suma de dinero. Sin embargo, no contaban con orden de allanamiento. Por este motivo, el jefe de la Unidad Regional II, Cristian Sola, decidió el pase a disponibilidad, y horas después los policías fueron detenidos por orden de la magistrada.