El ex arquero de Central, Edgardo "Gato" Andrada, fue citado a declarar por la justicia federal el 9 de noviembre, por el secuestro y asesinato de dos militantes peronistas ocurridos en la última dictadura. El fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, quien investiga el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, fue quien logró luego de más de seis años de haberlo solicitado que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declarar no solo al ex arquero canalla -quien fue agente del aparato de inteligencia militar- sino también al ex comisario Luis Abelardo Patti, los ex militares Reynaldo Bignone, Oscar Pascual Guerrieri, Luis Américo Muñoz y a los ex agentes de inteligencia Ariel "el Puma" Porra y Juan Andrés Cabrera, alias "el Barba". Todos están imputados por los hechos ocurridos el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum, en la esquina de Córdoba y Ovidio Lagos. Andrada, quien trabaja desde hace años en las inferiores de Central, en la filial Fábrica Militar de Armas, ubicada en avenida Francia al 5000 -curiosamante donde funcionó un centro clandestino de detención- estuvo anoche reunido con parte de la comisión directiva del club a quienes prometió que hoy enviará su telegrama de renuncia.

El fiscal Murray reconoció que ayer se le notificó la resolución por la cual "se impone la detención e indagatoria de Patti, Bignone, Guerrieri, Ariel Porra y Juan Andrés Cabrera, quienes ya estaban detenidos en relación a otras causas y a disposición del TOF San Martín y del TOF de Rosario", mientras que "en relación a Andrada y Muñoz, que están eximidos de prisión, se dispuso que se los convoque a prestar declaración indagatoria pero la diferencia es que la citación les llega en libertad".

El fiscal recordó que "tanto Andrada como Muñoz, quien era el segundo de Guerrieri en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario al momento de los hechos, tienen revocada su exención de prisión por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario" pero "como ambas defensas interpusieron recursos de casación, la resolución no está firme y se encuentra sujeta a los tiempos que determine la Cámara Nacional de Casación Penal".

Murray se mostró crítico por que "recién ahora" el juez federal de San Nicolás resuelve "algo que desde la fiscalía y la querella fue planteado en marzo de 2005, es decir hace más de 6 años".

Además remarcó que en uno de los párrafos de la resolución, el juez Villafuerte Ruzo argumentó: "Un nuevo reexamen de la causa me lleva a concluir que se ha adquirido el grado de sospechas suficientes, tanto en cuanto a la existencia del hecho como en cuanto a la participación de las personas señaladas en el mismo, como para convocarlos a prestar declaración indagatoria como imputados en la causa".

"Hay otro imputado, el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez, alias Chuly, con la misma carga probatoria, sobre quien Villafuerte no se expidió", acotó el fiscal federal de San Nicolás, en alusión al presidente de la Asociación Sanmartiniana Cuna de la Bandera, que todos los años realiza el Cruce de los Andes y cuenta con el apoyo de distintos sectores como la municipalidad de Rosario, y diversos medios de comunicación locales.

En cuanto a la continuidad de la causa y la situación de Andrada en particular, Murray adelantó que el ex arquero "tendrá que comparecer a la citación y después habrá que ver si decide hacer valer o no su derecho constitucional de ejercer su defensa material", y finalmente "esperar si resuelve declarar o no".

"Lo que creemos desde fiscalía y desde la querella es que hay elementos suficientes para que Andrada y el resto de los imputados sean procesados por este hecho", remarcó Murray para quien "las pruebas en relación a los hechos son harto suficientes y abundantes". Además "hay pruebas documentales que se incorporaron con posterioridad a la causa y que indican claramente la responsabilidad de Andrada en los hechos".

Entre ellas señaló "hay pruebas testimoniales como la declaración de Eduardo Costanzo", ex agente de inteligencia, que en esta causa declaró "como testigo, ya que al momento de los hechos no se encontraba en Rosario sino que se entera posteriormente cuando uno de sus amigos le cuenta y le da datos precisos de cómo, dónde y cuándo se realizó el operativo".

"También existen legajos de militares, hay prueba documental que tiene que ver con documentos desclasificados por el departamento de Estado norteamericano que acreditan fehacientemente todos los hechos de la hipótesis que en su momento sostuvieron la fiscalía y la querella", apuntó.

Por su parte el diputado provincial electo y secretario general del Movimiento Evita de Rosario, Eduardo Toniolli, celebró el pedido de indagatoria: "Estamos muy contentos y satisfechos con esta disposición, fundamentalmente porque es un reconocimiento a la lucha inclaudicable de dos mujeres como Gladys y Ethel Cambiaso (hermanas de Osvaldo), de los organismos de derechos humanos y de los abogados querellantes".

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