La coreografía política que el Concejo y el Ejecutivo tantean en torno a la delegación de poderes o autorización a la intendenta (según quién lo diga) para aumentar la tarifa del transporte público se parece bastante a un partido de truco. Mañana se sabrá si la nueva composición del Legislativo municipal discutirá esa atribución otorgada a la intendenta en la sesión del jueves -la última del año- o si lo hará en febrero o marzo. El fiel de la balanza es la radical María Eugenia Schmuck, quien para obrar como quiere el oficialismo pide garantías al Ejecutivo de que Mónica Fein no usará esa potestad para aumentar el boleto mientras el Concejo discuta el asunto. Por eso, en la reunión de la comisión de Servicios Públicos de ayer pidió un cuarto intermedio hasta mañana. Desde el Palacio de los Leones nada prometen sobre no usar las facultades concedidas, pero afirman que ningún incremento está en sus planes inmediatos. "Lo que pasa es que (a la oposición) no les dan los números para reconsiderar", interpretó Fernando Asegurado, secretario de Gobierno.

Ayer, en la reunión de Servicios Públicos, los ediles Norma López (Frente para la Victoria), Osvaldo Miattello (PJ) y María Julia Bonifacio (PRO) hubieran querido sacar adelante y con despacho favorable el proyecto de Alberto Cortés (PSA﷓Proyecto Sur) para que este jueves una mayoría simple de 12 concejales -la oposición sí los tiene- revoque esa atribución que la intendenta consiguió de la composición anterior del Legislativo.

Los socialistas Clara García, presidenta de la comisión, y Pablo Colono, más su aliado Oscar Greppi (ARI), deseaban dejar a Fein con la autorización otorgada, o por lo menos tirar el tema hasta el año que viene, cuando empiecen las sesiones ordinarias de nuevo, marzo tal vez. Y en el medio, Schmuck, que se reconoce parte del Frente Progresista que gobierna el municipio (incluso, fue funcionaria de Miguel Lifschitz), pero que también reprueba la delegación de facultades que hizo el Concejo antes del recambio, alineada con su jefe de bloque, Jorge Boasso.

Si mañana el proyecto revocador de Cortés no tiene despacho en comisión, los bloques opositores podrían intentar tratarlo sobre tablas el jueves, pero de esa manera necesitarían una mayoría especial de 17 votos. No los tienen. Contando con que el kirchnerista Roberto Sukerman regrese para entonces, la movida llegaría a 14 voluntades. Insuficiente para recuperar la facultad de definir la tarifa del transporte. Por lo tanto, Fein contaría durante el verano con la posibilidad de hacer uso de esa atribución.

"Lo más prudente sería discutir esto en marzo, para analizarlo con tiempo, para dar un gesto de gobernabilidad también, pero siempre y cuando el Ejecutivo se comprometa públicamente a no utilizar esa facultad mientras el tema esté en tratamiento. No se si están dispuestos a dar ese compromiso", señaló Schmuck. "Si no, lo resolvemos ahora y listo: mi posición es recuperar las facultades para el Concejo y eso no cambiará ni el jueves ni en marzo", apretó la correligionaria de Boasso. Sus compañeros frentistas, hasta ayer, no la habían convencido de cambiar su posición. Pero en la comisión los votos están tres contra tres y ella es el desempate: si ella propicia el dictamen de rigor para el proyecto de Cortés, los poderes excepcionales de Fein podrían caer este jueves. De lo contrario, todo pasará al próximo período ordinario. García puso ayer un antecedente jurídico sobre la mesa, "para que quede claro que la autorización al Ejecutivo es legal y constitucional". En 2007 Lifschitz obtuvo un permiso similar, aunque por única vez, y la Justicia lo convalidó en doble instancia, con fallo de la Cámara de Apelaciones. "No es una delegación de facultades sino una autorización con limitaciones que propone el Concejo como poder concedente. Desde Usandizaga para acá todos la tuvieron. La valoración política de cada concejal es otra cosa, pero la legalidad es indubitable", afirmó la titular de la comisión. Un operador del bloque socialista escrutó el compás de espera abierto por Schmuck: "El presidente de su partido, Mario Barletta, tuvo esta misma facultad para su intendencia en Santa Fe desde abril de 2009".

Enfrente, López insistió con que "el precio de todos los servicios públicos debe ser una atribución que fije el Concejo. La Ley Orgánica de Municipalidades es clara acerca de nuestra función". Y su par justicialista, Miatello agregó: "Si cada vez que hay un tema difícil se lo derivamos a la intendenta, entonces démosle también nuestro sueldo. Si la revocatoria de superpoderes no se trata, será porque no hay voluntad política del radicalismo".