El defensor Público General, Gabriel Ganón, acusó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de "retrasar" la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal. En ese sentido, enfatizó que "para un sector de la Corte, la reforma significa una pérdida de poder: tanto en la designación del personal administrativo como en la administración de los recursos". Y acusó al Procurador General, Agustín Bassó, de "obstaculizar constantemente el proceso de avance de la reforma y la adaptación del proceso judicial de la provincia de Santa Fe a estándares constitucionales". También cargó contra el ex presidente y actual ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez: "Tiene una negativa total con la reforma, porque considera que es inconstitucional". Al mismo tiempo, consideró que en el segundo semestre de este año podría ponerse en marcha el nuevo código, "siempre que haya buena predisposición y se cumplan los compromisos de los actores involucrados". El funcionario judicial designado por concurso el año pasado, habló de los cambios que traerá la reforma al Sistema Judicial Penal santafesino. El 8 de febrero habrá una mesa de diálogo con el nuevo Ministro de Justicia, Juan Lewis, para interiorizarse sobre los avances.

Luego de terminados los concursos de fiscales y defensores para el nuevos sistema, Ganón indicó que "la Corte tiene demorada la elevación de la propuesta que hicieron la Defensoría General con la Fiscalía General al Poder Ejecutivo para designar a un administrador general". Se trata de una "excesiva formalidad como consecuencia del retraso que tiene la constitución de Santa Fe". La propuesta se realizó en septiembre, un mes antes de la fecha en la que debería haberse puesto en marcha la reforma. Según indicó Ganón, "faltan algunos votos que no permiten el avance". En ese sentido, señaló que "preocupan" los votos de Mario Netri y Jorge Falistocco; aunque "hay confianza" con los de Daniel Erbetta, y la actual presidenta de la Corte, María Angélica Gastaldi. "Ella toma con mucha predisposición el tema de la reforma. Es positivo que esté como presidenta y tiene claro que hay un control de legalidad en la reforma y los concursos", rescató Ganón.

Al criticar a Bassó, el defensor general recordó que "hay una reforma penal en trámite, pero están pendientes otras cosas: la defensa civil sigue dependiendo del Procurador General, y eso está en contra de los estándares constitucionales".

Ganón insistió con que el retraso de la reforma, que se prorrogó hasta febrero pero habrá que ampliar el plazo, tiene que ver con la Corte porque recordó que "ya se aprobaron todos los cargos en la Legislatura, y están completados los concursos para Fiscales y Defensores". Además, sin los votos que faltan para designar un administrador general, no es posible comenzar con la designación de "600 cargos que prevé la ley para el personal que administrará la agenda de audiencias. Retrasa el nombramiento porque hay que aprobar las estructuras de Defensoría y Fiscalía", dijo.

¿De qué manera afecta a la gente que accede a al Justicia la demora para poner en marcha la reforma? ﷓preguntó Rosario/12﷓

﷓ Se ve afectado el derecho de defensa y eso puede derivar en la repetición de sanciones internacionales a la provincia por no adaptar a estándares constitucionales e internaciones el proceso penal.

¿De qué manera cambiará el proceder judicial penal con la reforma?

﷓ Mejorará muchísimo el nivel de investigación y de acción. Habrá un trabajo mucho más profundo y las funciones de investigación caerían directamente sobre los fiscales. De esa manera, la investigación no estaría repartida. Los fiscales deberán asumir los compromisos con las investigaciones. Van a tener la responsabilidad política de que las investigaciones penales tengan buenos resultados, porque eso dependerá del accionar. El nuevo sistema será mucho más visible y transparente sobre cómo se debe investigar un caso y quiénes son los responsables por la investigación de cada caso. Eso evitará que se pasen la pelota uno a otro, porque hoy la policía culpa a la fiscalía y estos a los jueces.

Ganón ejemplificó ese proceso con casos que tuvieron repercusión en los últimos meses, donde las pruebas fueron "muy endebles": "Pasó en el caso del ataque al micro con hinchas de Ñuls ﷓donde no hubo condena﷓﷓, que si todo depende de un solo testigo, la prueba es endeble", dijo. "Los niveles de impunidad en los 178 homicidios que hubo el año pasado son muy altos. La policía daba esos casos por cerrados, nadie se hacía cargo, y una causa va tapando a la otra".

Por otro lado, se refirió al caso del triple homicidio de villa Moreno. "Hay un hecho que ocurrió el 31 de diciembre, cuando resultó herido el hijo del acusado por la masacre: suponiendo que estuviera en marcha la reforma procesal penal, la responsabilidad por todos los hechos anteriores y posteriores es del fiscal regional de Rosario, que tendrá que disponer las mejores medidas para que todos esos casos, si tienen vinculación, se unifiquen en la investigación de un fiscal, cosa que hoy es bastante complejo de hacer.

Además, señaló que "si hay connivencia policial o relación entre el imputado y la policía o la víctima, se puede hacer una vinculación de las causas, y ante cualquier consulta, sea judicial, periodística o de cualquier índole, el interesados podrá saber a quién consultarle los casos por un mismo tema o un mismo imputado. Hoy las investigaciones relacionadas están desperdigadas en más de un juzgado". Al mismo tiempo explicó: "Las medidas judiciales serán solicitadas por la fiscalía, y cuando el fiscal considere que reunió las pruebas suficientes podrá elevar la causa a juicio".

¿Cómo funcionará la defensoría general, a partir de la reforma?

Vamos a poder asignar más defensores en algunas causas. Además, podremos tapar el vacío legal que existe en torno a las personas que son víctimas de delitos en los casos que se encuentran involucrados los organismos de ejercicio de poder punitivo del estado. Estaremos para la gente que no tiene recursos o no tiene la posibilidad de pagar un abogado. La familia de las personas víctimas de homicidio en la que se sospecha que tuvo participación directa la policía, podría ser representada; igual que las víctimas de tortura o ejecuciones sumarias. Tendrían una defensa gratuita, que hoy el Centro de Asistencia Judicial no habilita, cuando las personas involucradas son agentes de seguridad.

¿Qué lectura hace del accionar del tribunal a cargo del juicio contra los acusados del ataque al micro de Ñuls, en cuanto a las garantías para con la testigo protegida que manifestó "miedo" de declarar?

- Sin conocer los detalles, me parece que no fue acertada la decisión judicial de que la testigo tenga que enfrentar a los imputados en ese momento; fue un accionar desprolijo; porque era la única testigo y fue muy expuesta. Había varias alternativas: una puede ser que los imputados escuchen la declaración desde otra habitación, que hubiera sido lo más saludable para una testigo protegida. No sé cómo se manejará desde la Fiscalía General, cuando esté en marcha la reforma, pero la decisión será de esa área.

¿Cómo se puede trabajar con situaciones de amenazas durante el juicio oral y público, como sucedió con la causa de la muerte de Roberto "Pimpi" Caminos?

- Está claro que mientras más tiempo pasa, más tiempo hay para presionar sobre los testimonios. Espero que con el nuevo sistema los procesos terminen mucho más rápido y eso tendrá que ser responsabilidad del fiscal, con un esquema que evite este problema. El sistema acusatorio pone toda la responsabilidad en el fiscal, si los testigos se caen, será responsabilidad de la fiscalía.