Los fiscales de la causa Díaz Bessone (ex Feced), Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que revoque la prisión domiciliaria del imputado Ramón Genaro Díaz Bessone y, por ende, la resolución que ordena que el represor permanezca en el hospital militar central de la ciudad de Buenos Aires durante todo el mes de enero. El principal imputado en la más voluminosa causa que se sigue por Terrorismo de Estado en esta ciudad, tendría que estar en rigor "en una cárcel federal común", dijeron a Rosario/12 fuentes cercanas a la causa. Según los datos recabados, lo que surge objetivamente de las constancias de la causa es que "Ramón Genero Díaz Bessone ha despreciado claramente las obligaciones procesales impuestas y con ello también la autoridad de la justicia de la democracia, por lo que debe ser remitido inmediatamente a una unidad penitenciaria al cuidado del servicio penitenciario federal".

La Fiscalía afirmó que el principio general es que "las penas de prisión deben cumplirse en establecimientos penitenciarios. La prisión domiciliaria configura una excepción a esta regla, que sin dudas y dadas las características de estos acontecimientos y la naturaleza de los hechos por los que está siendo juzgado Díaz Bessone, deben ser aplicados en forma restrictiva y con suma prudencia por el Tribunal dada la alarma social que pudieren generar y la violación de compromisos internacionalmente asumidos por nuestra Nación en materia de delitos de lesa humanidad".

Ramón Genaro Díaaz Bessone había solicitado en noviembre pasado ser hospitalizado en el Hospital Central Militar para ser asistido por un accidente cerebro vascular. En ese momento, los fiscales se opusieron

sosteniendo que "en Rosario existen institutos perfectamente equipados para la atención del interesado". A pesar de esto, el tribunal permitió el traslado por lo cual la pericia para determinar su estado general de salud se realizó en el hospital militar. La defensa de Díaz Bessone sostenía que el imputado no se encontraba en condiciones de estar presente en las audiencias orales, por lo cual pidió que se desvincule al principal imputado y que la causa continúe respecto de los otros.

La evaluación pericial contó con la presencia del doctor Del Toro Martínez, integrante de cuerpo médico de la corte suprema de justicia de la nación, un médico de parte de la defensa, y los peritos psiquiatras Gisela Felibert y Oscar Pellegrini y el neurólogo Juan Ostre, propuestos por la querella de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del hombre. La pericia dictaminó en forma unánime que el imputado se encontraba psíquicamente en condiciones de asistir a las audiencias. En cuanto a la evaluación neurológica, se ordenó la realización de algunos estudios.

Finalmente, el Hospital Militar determinó el alta del imputado. Así las cosas, durante la última semana hábil del año el tribunal ordena el traslado de Díaz Bessone al domicilio donde cumple prisión domiciliaria en Rosario. Pero el defensor del imputado (Gonzalo Miño) cuestiona la orden y dice que no fue dado de alta; se oficia al director del hospital, quien dice que no es competente para opinar sobre el alta médica de un paciente, pero remite informes que corroboran que fue dado de alta. Comienza la feria judicial y la fiscalía solicita al Tribunal Oral que ordene su inmediato traslado a la ciudad de rosario, cosa que vuelve a ordenarse. Pero, finalmente, el tribunal dispuso, por encima de las protestas de los fiscales, que permanezca en el hospital militar hasta tanto se constituya el tribunal en pleno, vale decir, retornen los tres jueces que lo integran, finalizada la feria judicial.

Y esto se dispuso a pesar de que la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe; constataran -en los controles de rutina en el domicilio establecido por Díaz Bessone en Rosario﷓ que allí se encontraba otra persona quien aseguró ser el nuevo inquilino del departamento. La fiscalía toma conocimiento de este hecho recién tres días después del día de la constatación mencionada, cuando el tribunal remite el expediente.

La fiscalía fundamenta su requerimiento en que el procesado "incumplió con las reglas impuestas al concederse la prisión domiciliaria: comunicar de manera inmediata cualquier modificación del domicilio fijado como lugar de cumplimiento de la prisión preventiva que pesa sobre el mismo". En este sentido, el contrato de alquiler del domicilio fijado por Díaz Bessone fue rescindido el 4 de diciembre y la defensa comunicó esta situación pasados 25 días y sólo después de que las autoridades provinciales constataran que en dicho lugar residía otra persona.