"Que caiga el brazo armado de la banda (que acribilló a los tres militantes sociales en villa Moreno) no indica que ésta no siga operando: hay que investigar conexiones económicas e institucionales", remarcó ayer el diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, tras la reunión que mantuvieron diputados de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja con el juez Juan Andrés Donnola. Los legisladores reclamaron que se investigue la supuesta relación que tiene Sergio "el Quemado" Rodríguez con personal policial. "Sería un gran gesto político que el Ejecutivo nombre al Secretario de Control de Seguridad (aún vacante)", teniendo en cuenta la denunciada connivencia policial en la causa, desde que un oficial del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez encubrió el ingreso del herido Maximiliano Rodríguez, apodado "el hijo del Quemado", cuando fue baleado en su BMW --por otra banda, a modo de venganza de un hecho anterior--; y que derivó en los asesinatos de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, esa misma noche. Además, pidieron una "mirada integral no solo en el marco de la causa, sino en torno a las políticas de seguridad que hay en Santa Fe".

La trama que plantea la investigación es compleja, pero también coherente. Para la Justicia, cada hecho motivó al siguiente. Es que son dos los sucesos anteriores de la seguidilla que terminó en el triple crimen. El juez Donnola investiga el triple homicidio junto con la balacera al BMW donde Maxi estaba con su novia y otra joven la madrugada del 1º de año, hecho por el que fueron acusados Ezequiel "el Negro" Villalba y el apodado "Damiancito".

Según el fallo que procesó al "Quemado", como uno de los autores de los disparos en la canchita del club Oroño, "enterado del ataque que sufriera su hijo (Rodríguez) se dispuso a tomar una inmediata venganza". Además, una de las testigos deja evidenciada la relación del "Quemado" con policías "conocidos" por él.

Sin embargo, hay un hecho anterior contemplado por el juez, cuyo expediente está en el Juzgado de Instrucción 1ª. La copia ya fue solicitada por Donnola. Se trata del ataque contra Facundo O., de 17 años, quien fue baleado en las piernas tras una discusión con Maxi Rodríguez, dos días antes del triple crimen, y que habría derivado en la balacera al BMW. Por este caso, Maxi permanece detenido en Piñero.

Luego que la causa pasara por tres jueces, ya que se inició la investigación durante la feria, el magistrado actual coincide con lo que planteó Caterina en el fallo de procesamiento a Rodríguez: oficiar al procurador General de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Bassó, para que éste disponga una investigación integral, ante "lo paradigmático de la causa donde se entrecruzan grupos violentos, con armas de guerra, en una espiral creciente de enfrentamientos que dominan espacios urbanos importantes; lo que hace suponer al ciudadano común que hay negligencias o complicidades de algunas autoridades policiales o del Poder Judicial". Sin embargo, hasta ayer no hubo una resolución de Bassó al respecto.

Los diputados que estuvieron ayer reunidos con el juez sostienen que hay una conexión con otros casos en los que aparecen los mismos nombres. "El apresar a todos los autores materiales de este hecho, procesarlos y eventualmente condenarlos sería un paso importantísimo; pero hay elementos y caudal informativo a recabar que servirían para evitar que este tipo de situaciones se sucedan en los barrios humildes de Rosario, donde vemos que se vienen repitiendo nombres, tipo de armas y mecánicas", dijo Toniolli.

La idea de los legisladores es "llegar con un dictamen de comisión" al pleno de la Cámara de Diputados. "Creemos que el Poder Legislativo tiene que ser soporte, como todos los poderes del Estado", señalaron.

Tras mantener una charla de más de una hora con el juez, los diputados Toniolli, Avelino Lago, Germán Kalhow y Germán Mastrocola entendieron que el magistrado ratificó los fundamentos que emitió Caterina en la resolución que procesó a Rodríguez. "Hay una visión amplia y compleja en torno a la trama institucional y social de poderes eventuales que se desarrollan alrededor de estos hechos, con lo cual motiva generar una suerte de información más amplia y abarcativa que ayude a determinar dónde se encuentran aquellos puntos de desarticulación de los distintos actores del estado más las organizaciones sociales, para que esto no pueda repetirse", señalaron.

Por otro lado, apuntaron a que "en esta situación donde se necesita control y conducción política de la fuerza policial, sería auspicioso que el Ejecutivo nombre al Secretario de Control de Seguridad, que es un cargo que no fue nombrado y que contempla vigilar todo lo que tiene que ver con asuntos internos" de la policía. "El no nombrarlo es una muestra de debilidad en la conducción política de la fuerza", remarcaron.

Además, Toniolli consideró que "hay que alentar una investigación de la evidente estructura orientada al lavado de dinero proveniente de hechos delictivos, presumiblemente el narcotráfico, que se halla por detrás de esto; que corresponde a la competencia de la justicia federal".