Juan Daniel Amelong llegó ayer al Colegio de Abogados para hacer uso de su derecho a defensa en la reunión del Tribunal de Etica convocada para tratar la suspensión de su matrícula. Condenado el 15 de abril de 2010 a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común por crímenes de lesa humanidad, el ex militar apeló y pidió la nulidad de la suspención de su matrícula, resuelta por el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados, el 28 de diciembre pasado. Ante ello, la asamblea se postergó por 15 días. En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Ignacio del Vecchio, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal por el fallo que en diciembre pasado revocó la cancelación de la matrícula del represor decidida por el directorio del Colegio el 4 de agosto pasado. Si la Cámara acepta el planteo de Del Vecchio, éste será elevado a la Corte Suprema de Justicia provincial para su resolución. Al mismo tiempo, ayer venció el plazo de suspensión preventiva de la matrícula del ex militar decidida a fines de diciembre pasado, por lo que desde hoy está habilitado para jercer.

El ex militar fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario, en 2010, en el marco de la causa Guerrieri, por la desaparición de 17 personas. En agosto del año pasado, el directorio del Colegio decidió cancelarle la matrícula. Del Vecchio recordó que la decisión se tomó porque "el doctor (Amelong) refrenda lo que se ha hecho con los delitos de lesa humanidad". En ese sentido, señaló: "Tenemos que velar por todo el foro, y asegurar a toda la población rosarina que quien ejerza la profesión de abogado lo haga dentro de los mínimos planos de ética; por eso le cancelamos la matrícula".

La resolución institucional provocó que el año pasado el defensor de Amelong, Gonzalo Miño presentara un recurso de apelación ante la Cámara Penal. La respuesta de la Cámara de Apelaciones en lo penal llegó el 13 de diciembre pasado, cuando la Sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho, dejó sin efecto la resolución del directorio por dos motivos expresados en el fallo: el Tribunal de Etica del Colegio no se había expedido al respecto, y la condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad no está firme, está a revisión de la Cámara de Casación.

En consecuencia, el viernes 3 de febrero, Del Vecchio presentó un recurso de inconstitucionalidad de ese fallo, que será contestado la semana próxima. Si esa instancia es aceptada por la Cámara Penal, la presentación para cancelar la matrícula del represor será elevada a la Corte provincial.

Posteriormente, la presidenta del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, Isabel Fernández Acevedo, citó de urgencia a una asamblea que se realizó el 28 de diciembre, en la que se votó --siete a dos-- la suspensión provisoria de la habilitación del represor para ejercer la abogacía. El plazo venció ayer y Amelong pidió la nulidad de dicha reunión porque no se dio a conocer quiénes integraban el Tribunal para tomar esa decisión.

Al cumplirse la fecha establecida en diciembre, los miembros se reunieron ayer para evaluar la continuidad de la medida preventiva. Al encuentro fue citado el ex militar con su defensor, quien presentó una serie de planteos, entre los que hay una recusación de los miembros que conformaron el Tribunal de Etica. Ayer, Enrique Sirio, Carmen Borghini, María Rosa Galardi, Mónica Vittola, Julián Cochero, Héctor Morelli, Eduardo Tetamantti, Susana Hercovich, Carlos Almada y el vicepresidente del cuerpo, David Nardiello --quien presidió la asamblea ante la ausencia de la presidenta, que se excusó de votar ya que firmó como querellante de la causa en la que fue condenado el represor en cuestión--, estaban dispuestos a votar, pero ante la apelación de Amelong, debió posponerse la votación. Nardiello señaló que "el Tribunal de Etica se vio obligado a citar a un nuevo plenario, en 10 o 15 días para evaluar esos planteos".

Ante la sorpresa que causó la presencia de Amelong en los Tribunales Provinciales, Nardiello afirmó que "no fue circunstancial"; sino que la reunión permitió "al denunciado tener la oportunidad de recusar a los miembros del Tribunal". "Se le garantizó a Amelong el derecho a la defensa", concluyó.