Ya no, pero hasta hace unos años, a Antonia Checha Frutos le preguntaban a los gritos, por la calle, los vecinos de Alem y Gaboto, "¿Cuándo les van a devolver la Vigil?". Esta mujer, que ingresó como bibliotecaria en esa experiencia inédita de barrio Tablada en 1958, a los 17 años, y llegó a integrar la comisión directiva, cree que la devolución de los bienes se demora porque esperan que ellos, los históricos dirigentes, "se mueran". Ayer, Checha participó del acto por la recuperación de la entidad popular que llegó a tener "20 mil socios, 650 empleados, 5000 vendedores y 500 cobradores", según enumera Augusto Duri, quien fuera presidente hasta el día de la intervención, el 25 de febrero de 1977. "Nuestra intención es llegar directamente a la presidenta", confía Frutos, sentada en una reposera, mientras recibe los abrazos y saludos de los vecinos que se acercan al acto. Hay mates y facturas, al mismo tiempo que el colectivo de ex presos políticos rehace sobre el pasaje Perkins el mural en recuerdo de los 28 desaparecidos que eran socios o empleados de la Vigil. Un ex socio, Marcelo Abaca, plantea con claridad que "en Vigil se usó una dinámica muy similar a lo que se hizo en Papel Prensa. Con la excusa ideológica, coparon la entidad y se apropiaron de todos los bienes". Por eso, esperan que les "toque el turno, en el marco de las políticas de este gobierno de derechos humanos y reivindicación".

El 10 de mayo de 1977 ocho integrantes de la comisión directiva fueron detenidos ilegalmente por ocho meses, hasta el 24 de diciembre. Sufrieron torturas, mientras el interventor liquidador --Sócrates Alvarado-- despojaba a la Biblioteca de los cuantiosos bienes. Uno de los tantos inmuebles, en la manzana de Alem, Ayacucho, Amenábar y Gaboto, fue vendido a un precio vil al Ingenio Ledesma. Por eso, en noviembre pasado los ex directivos, socios, vecinos y ex alumnos se presentaron a la Justicia Federal para que se considere la liquidación de la Biblioteca como un delito de lesa humanidad. Piden la nulidad del decreto y resoluciones que en 1977 determinaron la intervención y la liquidación, así como la reivindicación de la comisión directiva, y el reconocimiento de los socios existentes entonces. También solicitan la "devolución de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles robados por la dictadura genocida".

En tanto, esperan que el juez Marcelo Bailaque tome las medidas pedidas por el fiscal Gonzalo Stara en noviembre pasado. Una de ellas es la remisión del expediente de liquidación, que tramita --desde 1977-- el juzgado civil y comercial 14 de los tribunales provinciales. "Somos récord nacional, es el expediente más antiguo de todo el INAES", afirma Abaca.

En 2008, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) decidió la normalización, y nombró como interventores a Carlos Merli, Juan Lombardi y Francisco Dallo, pero esa gestión aún no convocó a asamblea de socios. "Sólo nos devolvieron un número, el de la personería jurídica, pero ni siquiera reconocieron a los que éramos socios, tuvimos que volver a asociarnos. Y pagamos 15 pesos por mes para nada, porque ni siquiera llamaron a asamblea", afirma Frutos. Otro de los reclamos que levantan los ex directivos, socios, vecinos y ex alumnos es la nulidad de esa resolución de INAES, porque "avala lo actuado por la intervención cívico-militar y desconoce a los socios y directivos existentes a 1977, constituyéndose así en continuadora del genocidio cultural".

El acto de ayer no fue multitudinario como el que convocó a 10 mil personas en 2004, aunque los reclamos son los mismos. "La sensación mía es que esperan que los ex directivos que quedamos desaparezcamos. Somos los malditos, porque fuimos capaces de romper con normas establecidas y generar un cambio. Este barrio cambió con la Biblioteca", dice Checha Frutos.

Si hay una figura emblemática de lo que fue la Vigil, ése es Duri. "Nosotros estimamos que este procedimiento de meter presos a ocho miembros de la comisión directiva, entre los que estaba el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el primer vocal y los cuatro integrantes de los órganos de control, tenía la función de impedir la reorganización de la biblioteca con sus propios asociados --rememora Duri--. La liquidación no obedecía a ningún hecho económico concreto, sino que teníamos un momento financiero bastante crítico por el Rodrigazo. Así y todo, el capital de la institución era cuatro veces superior a la deuda que se originó por este motivo. La liquidación no correspondía. Fue falaz, un invento para quedarse con la institución al estilo de Papel Prensa".

El acto de ayer tuvo un condimento especial con la pintada que recuerda a los 28 socios y empleados de la Vigil que están desaparecidos. La pared del pasaje Perkins los menciona uno por uno, bajo el lema que identifica al Colectivo de Ex Presos Políticos: "Murieron para que la Patria Viva". Al lado de cada nombre figura la agrupación en la que militaba cada compañero. Mónica Garbuglia, integrante del Colectivo, quien afirma que la pintada del mural --el número 55 que hacen en la ciudad-- "es por la memoria, para que los compañeros no estén invisibilizados, pero por otra parte apoyamos la lucha de Vigil y pedimos que les devuelvan todo lo que les pertenece".