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l juez federal Marcelo Bailaque revocó ayer la prisión domiciliaria de la que gozaba el represor Ariel "El Puma" Porra, imputado en crímenes de lesa humanidad. El ex agente de Inteligencia del Ejército será enviado al penal de Marcos Paz, donde seguirá esperando el juicio oral por la misma investigación por la que en 2010 fueron condenados a prisión perpetua Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, por secuestros, torturas y homicidios sobre militantes políticos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Calamita, La Intermedia y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

A partir de denuncias de vecinos y de la diputada provincial Alicia Gutiérrez -querellante en la causa-, el magistrado comprobó que Porra violaba todos los días el régimen de prisión domiciliaria y salía de su casa, en barrio Saladillo, como cualquier ciudadano. El portal Redacción Rosario señaló ayer que las primeras denuncias se realizaron a fines del año pasado.

La fiscal Mabel Colalongo pidió a Bailaque que tome cartas en el asunto, quien encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) una vigilancia de incógnito sobre la vivienda de República de Checoslovaquia 5423, donde reside el represor, luego de que la Cámara Federal se negara a revisar la situación y confirmara el status de prisión domiciliaria.

Los agentes de la PSA confirmaron en los dos días de vigilancia que realizaron sobre la casa situada a la vuelta de la sede del Sindicato de la Carne que Porra, ahora con el cabello teñido, salía sin cuidado a realizar compras e, incluso, con su auto. Las denuncias anónimas presentadas ante la fiscal agregaron que el represor salía de mañana y volvía por la noche durante los fines de semana.

Porra integró la patota que dirigió Pascual Guerrieri y cuyo accionar se probó y se condenó en el juicio oral y público denominado causa Quinta de Funes, el primero que la Justicia encaró contra la represión ilegal de la dictadura en territorio del II Comando de Ejército. Sólo que no fue juzgado con sus cinco camaradas porque fue capturado luego de que la causa fuera elevada a juicio. Por eso debe aguardar en prisión preventiva ese proceso donde se lo acusará de los mismos cargos que al resto, secuestros, torturas, privación ilegítima de la libertad y, en el caso de 16 víctimas, homicidio. En la instrucción de la causa hay medio centenar de testimonios que lo identificaron como miembro del grupo de tareas.