Luego de que el juez correccional de la 5ª nominación, Carlos Leiva, desestimara las denuncias sobre la toma del terrenos en Avellaneda al 4200, que ya lleva casi tres meses, la Cámara Penal consideró "prematura" la decisión y la revocó. De esa manera, los jueces Ernesto Pangia, Alfredo Ivaldi Artacho y Carina Luratti le ordenaron al magistrado avanzar en la investigación de la causa, que éste había archivado al calificar el hecho como un "reclamo de índole social", que no encuadraba en una figura penal. Las tierras pertenecen a la Municipalidad, al sindicato de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUP). Desde el municipio aseguran que la situación se complicó en estos meses, y que hay unas 300 familias apostadas en el predio de cinco hectáreas, destinado a viviendas para afiliados y espacios verdes. Además, aseguraron que es "fundamental" la intervención de la Justicia, porque "hay diferentes realidades" desde del reclamo.

Aunque durante los primeros días de toma, en enero pasado, el conflicto motivó la visita del juez de la causa al predio, tiempo después, el magistrado resolvió desestimar la denuncia de los tres dueños del terreno, y la situación se desmadró: "Hay más gente que al principio", se quejaron desde el municipio, al reclamar la intervención judicial.

En la presentación, los propietarios plantearon que la toma constituye un "grave cercenamiento al fin público o beneficio común y genera una grave consecuencia". Además, desde UPCN aseguraron que "existen hechos de violencia, amenazas y clandestinidad de los terrenos usurpados". Pero Leiva tuvo una apreciación disonante: resolvió desestimar las denuncias porque el hecho "no encuadra en una figura penal".

La resolución motivó la apelación tanto del fiscal de la causa, como de las denunciantes, por lo que la causa llegó a la Cámara Penal. Por su parte, la Fiscalía de Cámaras apuntó a que los manifestantes "se instalaron clandestinamente, en algunos casos; y mediante la violencia, en otros, despojando del lugar a sus legítimos propietarios". Por lo que, a su criterio "la resolución del juez resulta prematura y carente de suficiente fundamento". Además, cuestionó que "no se hayan hecho medidas a fin de evaluar si existen en los presentes elementos serios y verosímiles para entender que pudo haberse cometido un hecho delictual". Por ello, pidió que "se dispongan las medidas tendientes a hacer cesar el estado antijurídico".

Para los jueces, se torna "conducente investigar si se configura alguna de las hipótesis previstas por los artículos del Código Penal". Y aseguran que resultó "apresurado calificar los hechos como reclamos de índole social, con abstracción de ponderación penal". Además, en el fallo de revocatoria, apuntaron a que "corresponde investigar si existió violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad para insertarse en el predio".

Aunque el 80 por ciento de las familias que ocupaban ilegalmente el terreno, lo abandonaron el 21 de enero, tras una suerte de censo que realizó la municipalidad para evaluar los casos de cada familia, días después, de a poco, volvió a colmarse. "Está desbordado de gente. La situación es muy complicada y dificulta la negociación, porque no es un solo grupo de personas, sino que son varios y todos piden diferentes cosas, pero no podemos conformar cada pedido específico", señaló David Sánchez, titular de Control Urbano Municipal.