"El servicio de recolección de residuos se le fue de las manos a la Municipalidad. Se debe una fortuna a las concesionarias, el ente municipal es un agujero negro, y estamos ante una licitación estancada hace año y medio, con oferentes que cotizan una suma impagable", describió el concejal Héctor Cavallero. El titular del bloque del Partido del Progreso Social resumió así el motivo de sucesivos pedidos de informes al Ejecutivo sobre lo que le cuesta a la ciudad sostener el ente autárquico Sumar, a cargo de la recolección de basura en el centro, y sobre las deudas que mantiene con las prestatarias Cliba, Lime, Resicom y Milicic. Según dijo, estas superan los 168 millones de pesos.

El Concejo aprobó en la sesión del jueves una iniciativa del bloque del PPS para que la Intendencia dé a conocer en detalle lo que se le adeuda a las firmas a cargo de la recolección y disposición final de residuos. En diálogo con este diario, Cavallero aseguró conocer de manera extraoficial que la Municipalidad le adeuda a Cliba (del grupo Roggio) y Lime (de Pescarmona) 168 millones de pesos, acumulados a lo largo de diez meses de facturación por la prestación del servicio en las zonas norte y sur de la ciudad, respectivamente. Y advirtió sobre una aparente maniobra de las secretarías de Hacienda y de Servicios Públicos para disimular la real envergadura de ese compromiso. Al parecer, el municipio acomodó parte de la deuda en convenios con los bancos de Santa Fe SA, Credicoop, y Municipal, por 76 millones de pesos, que estos le adelantaron a las empresas acreedoras. "Pero siguen representando un compromiso para el municipio, porque cuando se firma un convenio de pago, la deuda sigue existiendo, con el agravante de que descontar certificados tiene un costo financiero enorme", se alarmó el ex intendente, quien observó que "existe desmanejo y desconocimiento" para gestionar el servicio.

El pedido de informes también apunta a averiguar qué acreencias mantienen las firmas Milicic, a cargo de la concentración de residuos en la planta de Bella Vista, y Resicom, que opera la disposición final en el relleno sanitario de Ricardone.

Por otra parte, el PPS agregó otro pedido de informe que apunta a examinar las cuentas con el ente autárquico Sumar (Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario), que detenta la municipalización del servicio en el área central desde 2009. El proyecto requiere a la gestión de Mónica Fein que informe sobre los aportes realizados por el municipio al ente desde que se creó, y a cuánto ascendió el costo operativo en 2011, y cuánto se estima para 2012. Además, preguntan por la cantidad de equipos y de personal afectado a Sumar, si el mantenimiento de esa infraestructura está mercerizado, y si el organismo registra deudas pendientes de pago.

Cavallero argumentó estas indagaciones con su certeza de que el Tesoro municipal ha ido incrementando el monto de sus transferencias al ente autárquico, año tras año. Dijo el edil que en 2009 se aportaron 14.650.000 pesos, 11.920.000 al año siguiente, y 18 millones en 2011. Y de acuerdo con el presupuesto 2012, para este año se destinarán 30 millones de pesos.

Esta situación lleva a los concejales del PPS a interpretar que "el Sumar es un agujero negro, y cada vez es más deficitario, como las otras empresas de las que se hizo cargo el municipio, La Mixta y Semtur".

El pedido de informes añade otro apéndice basado en un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre controles realizados al estado contable del ente. "Los rodados adquiridos durante 2010 fueron patentados a nombre de la Municipalidad, pero facturados a cuenta de Sumar, por fuera de la legislación vigente. De la misma manera, hay vehículos patentados a nombre de la Municipalidad y asegurados a nombre de Sumar", señalaron, y quieren saber porqué.

Estas preocupaciones que elevó el PPS en el Concejo tienen como telón de fondo la licitación de la nueva licitación del servicio de recolección de residuos, que se lanzó en enero del año pasado y se encuentra empantanada. Es el negocio más jugoso que puede ofrecer el abanico de contrataciones que depara la Municipalidad. Para conceder el servicio en el norte y en el sur por los siguientes siete años, reserva un presupuesto oficial de 1.400 millones de pesos, pero los tres oferentes --Impsa, Lime y el holding brasilero Vega, aliado con la firma porteña Caputo, cercana a Mauricio Macri-- cotizaron por encima de esa cifra, hasta con una diferencia del 60 por ciento. Impsa y Vega﷓Caputo cotizaron, sumando las ofertas para tomar las zonas norte y sur, por encima de los 2.000 millones de pesos.

"Lo que piden las empresas excede el margen legal del 20 por ciento de diferencia respecto del presupuesto oficial. La intendenta debería anular la licitación, declararla desierta, y renegociar con las concesionarias, porque si persiste en avanzar se encontrará firmando un contrato impagable. No puede cancelar ahora 168 millones que le debe a Cliba y Lime, menos podrá afrontar lo otro. No tiene ni partidas para cumplir con eso", exclamó Cavallero. Días atrás, el concejal Alberto Cortés (PSA﷓Proyecto Sur) opinó de la misma manera y propugnó municipalizar todo el servicio.

Para Cavallero, el Ejecutivo "o se equivocó al presupuestar muy por debajo de los costos reales, o lo plantearon así adrede para luego reconocerle costos mayores a la adjudicataria", barruntó.

Ojo con las indemnizaciones

A Héctor Cavallero le inquietó el anuncio que hizo el jueves el titular de la CGT, Hugo Moyano, porque sienta un precedente que puede impactar en las cuentas del municipio rosarino. El edil se refirió al pago de 7.000 indemnizaciones para trabajadores de barrido manual y recolección del gremio de camioneros que se empleaban en la desaparecida firma Manliba y que fueron absorbidos por otras empresas. Parte de esos resarcimientos serán costeados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se descuenta que deberá emitir un bono para soportar esa erogación. De acuerdo con ello, Cavallero entiende que cuando Cliba concluya su prestación en Rosario, la Municipalidad deberá indemnizar al personal cesante, puesto que el nuevo concesionario lo tomará sin antigüedad. "El Sindicato de Recolectores ya avisó", advirtió el concejal.