Los bordes de Villa Gobernador Gálvez se convirtieron en los últimos días en un miserable remedo de los loteos que florecen en localidades cercanas, pero atravesado por todos los males que suma la población más pobre de esta ciudad. Unas 2500 personas ocuparon terrenos privados en al menos ocho predios de la periferia villagalvense, fenómeno que comenzó hace menos de un mes y que se profundizó en la última semana ya sin control posible del gobierno local. Según pudo averiguar este diario en las zonas de conflicto, la masividad de las usurpaciones se dio a medida que corrió el rumor de que había una tácita luz verde para tomar terrenos, incluso hubo quienes interpretaron que el intendente Pedro González había prometido lotear los primeros terrenos usurpados, a condición de que los ocupantes no construyeran ranchos sino viviendas. Desde la Municipalidad desmienten tal explicación y acusan al gobierno provincial y a la Justicia de haberle dado la espalda al problema. "Quieren que Villa Gobernador Gálvez se prenda fuego", dijo el secretario de Gobierno, Diego Garavano. La provincia acusa a la Corriente Clasista y Combativa de haber encendido la mecha y espera que los dueños de los inmuebles tomados pidan el desalojo a la Justicia. La agrupación barrial admite participación en la situación, pero sostiene que ya se trata de un fenómeno más amplio que denota la necesidad de vivienda latente.

Barrio Alto Verde. Sobre la calle Suipacha, la última de la ciudad al sur, atrás de la cancha de Coronel Aguirre, ayer había trabajo febril de varones y mujeres, jóvenes en mayoría, plantando postes de segunda, cortando maleza, improvisando toldos, arrimando chapas y recortes de madera terciada, cada uno en su rectángulo de 10 metros por 20 en el que decidieron repartirse el terreno, delimitado con piolas o rudimentarios cercos de palos. "Acá la mayoría vivimos enfrente, en el barrio, pero estamos amontonados con nuestros viejos. Yo tengo mi mujer y un hijo, y en la casa somos 7. No queremos que nos regalen nada, pero sí que nos den la posibilidad de comprar el terreno y construir", resumió Leonardo, de 20 años.

Enfrente, los vecinos que mateaban en la vereda aprobaban la usurpación. La consideran un último recurso de desesperados ante el hacinamiento de familias que crecen y no tienen cómo abrirse paso. Angela Gutiérrez, jubilada, aloja en su humilde casa a dos de sus siete hijos con sus respectivas proles. "Esto siempre fue un yuyal, oscuro a la noche, un peligro, y los ratones parecen gatos. Sería mejor que hagan un lindo barrio. No queremos hacer una villa. Pero no queda otra que meterse porque ni pensar en comprar un lote con lo que cuesta".

En cuanto a los servicios, el agua se la procuran con baldes que llenan en lo de sus padres y vecinos de enfrente. La electricidad todavía era un desafío, pero ya algunos medían la distancia para enganchar un cable a la línea más cercana. Y cloacas ni hablar. Tampoco las tienen en las calles de tierra de donde vienen.

Rodeada de cuatro niños y uno en brazos, Antonia Moreyra aparenta más que sus 30 años. Está desocupada y sola, y sobrevive por la Asignación Universal por Hijo, "la copa de leche" y el comedor escolar. Alquila cerca una casilla por 200 pesos al mes; por eso corrió apenas se enteró que en el baldío "se estaban metiendo". Ella sola midió lo que le tocaba y plantó tres palos sobre los que montó un nylon. "Yo quiero hacer algo acá, porque no puedo pagar más. Pasaron anotando la gente para presentar a la Municipalidad. Espero que manden alguna chapa, un tirante", contó.

Atrás del club Defensores de Newells Old Boys, hacia el lado del cementerio, otro racimo de tolditos y casillas en ciernes, tiene señalado cada pedazo de tierra con un cartelito que avisa el nombre de la familia ocupante. Como en los otros sitios, el inmueble pertenece a una industria. "Así reservaron cada lote, después de que Pedro González vino el lunes 30 acá y en la esquina les dijo que les iba a dar los lotes, que iba a ver si el terreno tenía deudas con la Municipalidad, y que se anotaran con Normita, nomás", aseguró un vecino, en alusión a Norma Santamaría, coordinadora de Acción Social. El vio cómo en el solar se multiplicaron en un solo día los mojoncitos y los carteles de propiedad pretendida. "Y no faltan los vivos que se agarraron 4 o 5 lotes y los están vendiendo a 1000 y 2000 pesos. Ya hay un ranchito que se colgó de la luz".

En Nahuel Huapi y Bolívar, barrio Ombú, la escena se repite. Mirta Rodríguez ayudó a dos hijas, en silla de ruedas una de ellas, a levantar dos casillas de madera terciada. "No podemos comprar un lote porque quieren la plata junta, por un ranchito como este piden 15000 pesos. Mi marido es jubilado y tenemos 8 hijos", contó y aseguró que sí, que ella votó a González. Una vecina interpretó que el intendente las autorizó. "Nos dijo que no construyéramos en la vereda, y que no hiciéramos pasillos ni juntadero de villa. Y bueno, es la forma que la gente tiene de tener su casa".